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El noroña
Justificación
A través de la recomendación 13/25, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) documentó deficiencias en la actuación de las autoridades en la investigación del delito, la ausencia de acciones efectivas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y la victimización secundaria hacia los familiares de 52 personas desaparecidas que interpusieron quejas ante el organismo.
Esas desapariciones ocurrieron entre 2015 y 2023 en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Poncitlán, Tonalá, Sayula, Jocotepec, Chapala, Jalostotitlán, Puerto Vallarta y Tomatlán.
En los casos específicos el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) no siguieron ni cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que es su obligación garantizar, precisó la CEDHJ, lo que derivó en múltiples violaciones a derechos humanos.
“Los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas indirectas en contra del Ministerio Público y sus representantes, los policías investigadores de la actual Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, así como del personal del IJCF y Cobupej. Se quejan de diversas irregularidades que han impedido la localización de 41 personas, así como conocer la identidad y el paradero de los responsables de las desapariciones y de la muerte de las 11 personas localizadas, obstaculizando el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, añadió.
La CEDHJ apuntó además que en un caso se acreditó la presunta desaparición forzada de una persona por parte de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Sayula.
jl/I