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Justificación
No permitirá construcción
La coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carmen Chinas, advirtió que el reservar la información sobre el reclutamiento forzado en Jalisco impide comprender la dinámica delictiva, frena la prevención y vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Según la doctora, este año los adolescentes de entre 15 y 19 años se han convertido en el principal grupo afectado por desapariciones, desplazando a los jóvenes de entre 20 y 24. Casos como el hallazgo de dos menores asesinados en Sinaloa o el desmantelamiento de un centro de reclutamiento en Aguascalientes, donde dos de los detenidos estaban reportados como desaparecidos, evidencian un patrón preocupante de captación forzada por parte de grupos criminales.
La académica señaló que el artículo 115 estatal establece claramente que las autoridades deben elaborar estrategias de prevención del delito basadas en estadísticas, patrones y tendencias históricas, y que estos informes deben ser públicos. No es solo una herramienta para el análisis gubernamental, es una obligación legal.
Criticó que la información se mantenga reservada bajo el argumento de proteger datos personales, cuando es posible generar informes que, sin comprometer identidades, aporten al diagnóstico y a la construcción de soluciones. Al no hacerlo, no solo se incumple la ley, también se obstaculiza la atención integral del problema.
La coordinadora Carmen Chinas concluyó que el gobierno estatal parece temer reconocer que el reclutamiento forzado es una crisis real que afecta a la juventud. Aunque reconoció que esta administración ha abierto diálogo con colectivos, enfatizó que aún falta lo más importante: hacer su trabajo y transparentar la información.
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