Oposición se une y da aval a reforma judicial

Sin el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC), la oposición en el Congreso local avaló ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen de reforma judicial local, el cual contempla que se elija por voto popular a jueces de primera instancia y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), del tribunal de disciplina y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), aunque este último no estaba contemplado en los cambios en un inicio. 

Durante una rueda de prensa conjunta, los coordinadores parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Hagamos, así como la diputada de Futuro Tonantzin Cárdenas Méndez, el diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López Ramírez, destacaron que la reforma avalada en esta última comisión fue producto del diálogo entre las siete iniciativas que se presentaron desde el año pasado.

El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales contempla también la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del tribunal de disciplina y el órgano administrativo. Además, indica que los aspirantes deberán tener promedio de 8 en la licenciatura y de 9 en las materias del área a la que aspiran; también se someterán a un examen teórico diseñado por una institución nacional.

Además, se creará un comité de evaluación por cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con cinco integrantes. En el caso del STJEJ, serán candidatos los ocho mejor evaluados por cada uno de los 20 distritos electorales: cuatro serán propuestos por el Legislativo, dos por el Ejecutivo y dos por el Judicial

En cuanto a los tribunales de Disciplina y Justicia Alternativa, serán candidatos los ocho mejor evaluados por cada una de las cinco regiones judiciales electorales; cuatro serán propuestos por el Poder Legislativo, dos por el Ejecutivo y dos por el Judicial.

Sobre los candidatos a jueces, serán los 32 mejor evaluados por cada uno de los 20 distritos electorales; 16 serán propuestos por el Poder Legislativo, ocho por el Ejecutivo y ocho por el Judicial.

La reforma consensuada también indica que sólo habrá insaculación en caso de empate o cuando no sea posible observar paridad.

Por otro lado, la reforma también contempla una nueva distribución del presupuesto constitucional del Poder Judicial, pues 65 por ciento sería para el órgano de administración (de aquí se pagará a juzgados de primera instancia); 20 por ciento, para el STJEJ; 10 por ciento, para el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), y 5 por ciento para el tribunal de disciplina. 

En torno al órgano de administración, se integraría por cinco personas, una propuesta por el gobernador, tres por el Congreso (mayoría calificada) y uno por el Poder Judicial. Por otro lado, la oposición definió que la presidencia de los tribunales será rotatoria cada 18 meses

El dictamen será turnado al pleno para su discusión y eventual aprobación, lo que podría ocurrir este martes.

MC RECHAZA MADRUGUETE 

La fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco cuestionó el dictamen aprobado en Puntos Constitucionales y calificó el proceso como un “madruguete legislativo” que no garantiza imparcialidad ni mérito en la selección de jueces y magistrados.

Movimiento Ciudadano señaló que la unión del PAN, PRI y Morena para aprobar la reforma judicial responde a intereses partidistas y sienta un precedente preocupante de cara a las elecciones de 2027. 

Además, criticó que la Comisión de Puntos Constitucionales votó el dictamen, de 125 páginas, apenas siete minutos después de iniciar la sesión. 

La bancada expresó su apoyo a una reforma judicial que privilegie trayectoria profesional y preparación de las y los aspirantes, y rechazó los mecanismos de insaculación y tómbolas, al considerar que no garantizan que los mejores perfiles ocupen los juzgados y magistraturas.

MC advirtió que experiencias similares a nivel federal y en otros estados han demostrado que estos métodos no aseguran imparcialidad, por lo que reiteró que su postura busca evitar cuotas partidistas y decisiones al azar.

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