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Guadalajara
Espinoza Licón
Colectivos de familiares de desaparecidos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigieron mediante un posicionamiento público que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no criminalice a las víctimas de la violencia y reprocharon que haya presentado cifras parciales sobre personas desaparecidas en su tercer Informe de Seguridad.
El pronunciamiento se realizó precisamente en respuesta al informe del mandatario, presentado el lunes y al cual criticaron por varios sesgos.
Además del Cepad, colectivos como Por Amor a Ellxs, Entre Cielo y Tierra, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, entre otros, desmintieron las cifras presentadas por el mandatario y su discurso. De entrada, lamentaron que excluyera a organizaciones y colectivos del ejercicio de rendición de cuentas.
Posteriormente, criticaron que el gobernador haya afirmado el lunes, sin presentar prueba alguna, que 80 por ciento de las víctimas de homicidio de Jalisco está ligado al crimen organizado y al narcomenudeo: “Este tipo de expresiones parecen alarmantes y revictimizantes. Además, no existe información precisa que dé cuenta de la veracidad de dichas expresiones, por lo cual este discurso sin evidencias tiende a deslindar al Ejecutivo estatal de su responsabilidad frente a la actual situación de violencia y nuevamente criminaliza a las víctimas”, precisa el desplegado.
Los colectivos también expusieron que el gobernador presentó cifras parciales de la problemática de desaparecidos, por lo que no reflejan la realidad que vive el estado. A la par, criticaron el uso de la frase “personas pendientes de localizar” en lugar de desaparecidas.
“Al hablar de la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco no se tomó en cuenta la existencia del Registro Estatal de Personas Desaparecidas que está bajo el cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), y de cuya dependencia los registros ascienden a 12 mil 427 personas desaparecidas hasta el 31 de agosto de 2021, por lo cual la cifra a septiembre podría ser mucho mayor”, señala el documento. En su reporte, Alfaro Ramírez mencionó que de 2009 a septiembre de 2021 el estado acumuló 10 mil 492 desaparecidos.
Además de no contemplar a la Cobupej, el gobierno estatal tampoco consideró el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual reporta una cifra aún mayor: 14 mil 519 personas sin localizar en Jalisco.
Los colectivos especificaron que 3 mil 950 desapariciones de las 14 mil 519 reportadas en el Rnpdno corresponden al actual sexenio, por lo que no se puede asegurar que el delito va a la baja, tal como lo afirmó el gobernador.
En su reporte, Alfaro Ramírez reveló que su administración ha conseguido localizar a 10 mil 73 personas reportadas como desaparecidas; sin embargo, la cifra no coincide con los propios datos de la Fiscalía.
“El gobernador presentó que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 han sido localizadas 10 mil 73 personas que fueron denunciadas como desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el Sisovid (Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición) sólo da cuenta de 7 mil 904 personas localizadas durante el mismo periodo a pesar de que se alimenta de la misma fuente de información”.
El RNPDNO da cuenta de un registro histórico mucho menor al informado por Alfaro Ramírez, pues sólo reporta 5 mil 22 localizaciones en lo que va de este sexenio.
El lunes, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció un incremento de 628.13 por ciento en la cantidad de cuerpos hallados en fosas clandestinas, alza que calificó como un avance en materia de desaparecidos, pues, dijo, ahora se les busca más; sin embargo, los colectivos y el Cepad señalaron que no basta con encontrar sitios de inhumación clandestina.
Las agrupaciones expusieron que más allá de los hallazgos, hace falta identificar los cuerpos y segmentos anatómicos y entregarlos a sus deudos. De otra forma, el avance es poco y se puede agravar la crisis forense que hay en el estado, recalcaron.
“Los procesos de localización de fosas clandestinas no se traducen en la localización efectiva de personas desaparecidas. Esto debido a que la exhumación de víctimas no está acompañada de una correcta trazabilidad y manejo de información, ni de los diligentes procesos de identificación forense. Esta situación ocasiona una segunda desaparición de nuestros familiares y nos revictimiza (…) De ahí que la exhumación cada vez mayor de víctimas en fosas clandestinas no se traduzca en una ágil y digna entrega, sino en saturación de los espacios de resguardo en el IJCF, que como ya se ha reconocido, trabaja ‘a tope’”.
Finalmente, le recordaron al mandatario que una crisis forense no sólo se mide en que no haya espacios suficientes para almacenar cuerpos sin identificar, sino en procesos ineficaces para una correcta y ágil identificación de ca dáveres. Lauro Rodríguez
FRASE:
“No existe información precisa que dé cuenta de la veracidad de dichas expresiones, por lo cual este discurso sin evidencias tiende a deslindar al Ejecutivo estatal de su responsabilidad frente a la actual situación de violencia”: Extracto del pronunciamiento de colectivos y el Cepad
jl/I