Familias acechadas por el crimen

Hace casi nueve años estuve por primera vez en contacto con familiares de siete personas que desaparecieron en una sola noche en Lagos de Moreno. Se los llevaron la noche del 6 al 7 de julio de 2013. 

En aquel momento existían las desapariciones en Jalisco, pero de una manera velada y no tan generalizada como ahora. No se hablaba mucho de ellas ni las familias estaban organizadas como ya lo están ahora a través de múltiples colectivos de búsqueda. El entonces secretario de Seguridad en esa ciudad era un académico de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de los Altos, Juan Carlos Ramírez Rizo, que tenía unas ideas para transformar a la policía en una institución cercana a la gente y le daba su número de teléfono celular a cualquier ciudadano. Él estaba tranquilo en ese entonces con ese proyecto de transformación policial, pero dentro de la policía había reticencia y ya se daba cuenta de que la delincuencia organizada estaba detrás de esa serie de desapariciones. 

Inicialmente se dijo que las desapariciones estaban ligadas a un incremento en la cantidad de extorsiones telefónicas reportadas y que se trataba de grupos delincuenciales de otros estados. Lagos de Moreno es más cercano a la dinámica económica de Guanajuato que del resto de Jalisco, por su cercanía con León, y también ha sido una de las principales plazas en disputa entre las células del Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Santa Rosa de Lima y otros grupos delictivos menores en los últimos años. 

El caso de esas seis personas desaparecidas cimbró a la comunidad laguense. Las familias realizaron protestas frente a las instalaciones de la Fiscalía Regional exigiendo que se esclareciera el crimen y que fueran localizados los ausentes. Eventualmente, la Fiscalía General del Estado anunció que restos humanos de las víctimas fueron localizados en un predio donde hubo un negocio denominado La Ley del Monte. Desde hace cinco años, las familias le cambiaron el nombre a La Ley de la Verdad. Y verdad es lo que falta porque no hay constancia de que las personas involucradas en el crimen hayan recibido sentencia y que se haya esclarecido lo que ocurrió e incluso que los restos hallados sean de todas las víctimas. 

Ese caso es uno paradigmático de la incapacidad de las instituciones para hacer justicia por las desapariciones de personas y de cómo en las familias recae todo el peso de localizar a las víctimas y de transformar la injusticia en paz. 

Luego de que el gobierno de Jalisco les entregara urnas que supuestamente contenían los restos de las víctimas, recipientes con logotipos del propio gobierno, las familias no han quedado conformes con los resultados. Tuvieron que mandar a hacer por su cuenta pruebas periciales para estar seguras de que eran los restos de sus seres queridos y ni aun así hay certeza. 

En Lagos de Moreno la gente vive ya todos los días en medio de asesinatos y levantones como algo cotidiano, una normalización del terror. Y cada 7 de julio desde 2014 hay una marcha de esperanza con cada vez una mayor cantidad de víctimas indirectas de desapariciones de personas que no han podido encontrar la paz porque las autoridades no alcanzan a investigar y procesar todos los casos. Aún más, la cantidad de personas detenidas y llevadas a juicio es mínima. La gente de los grupos delincuenciales tiene subyugadas a las familias y las amenaza con hacerles daño si realizan denuncias ante las autoridades. 

Ese rincón de Jalisco es muestra de cómo la depredación del crimen acecha a las familias destrozadas que buscan transformar la zozobra en paz ante la indiferencia de las instituciones. 

Twitter: @levario_j

jl/I