Primero las víctimas, sus derechos y su participación 

Lo primero son las víctimas. Ante un panorama generalizado de injusticia e impunidad, localizar a las víctimas de desaparición y atender a sus familias tendría que ser la mayor prioridad. 

Cada minuto cuenta para hallar a las personas con vida y parece que las autoridades involucradas en esa labor no lo entienden o no son capaces de mostrar empatía hacia la angustia de sus seres queridos, porque los maltratan, los descalifican o los ignoran. Las personas que nunca en su vida imaginaron que llegarían a tener la experiencia de una desaparición acuden a las autoridades con una necesidad urgente de que las oigan y den seguimiento a la escasa información que pueden llegar a tener de lo ocurrido, pero ellos están más dedicados a descartar datos que a profundizar en las pistas y realizar los actos de investigación más amplios. Es cierto, por más que quisieran, no podrían, con una cifra oficial de más de 15 mil personas desaparecidas y una estimación del triple sin denunciar. Pero tampoco es que quieran mucho. 

El propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha dado la pauta para perpetuar esa sistemática vulneración de los derechos de las personas desaparecidas y de sus madres, hermanas y demás familiares que participan en los actos de búsqueda. Por si fuera poco, la cereza en el pastel fueron sus declaraciones de hace dos semanas sugiriendo que estaban actuando fuera de la ley por manipular indicios, en vez de dejar que las autoridades se hicieran cargo de procesarlos. Pero también en el cumplimiento de la ley se tendría que aplicar el principio de priorizar a las víctimas. 

Si hay una fosa clandestina de la que las familias tienen algún dato anónimo, no se van a esperar a que el ministerio público se le antoje moverse para pedir una orden de cateo y, allá dentro de unos meses que también los peritos forenses se animen a trabajar, intervenirla. El sentido de urgencia, la desesperación y el amor son el motor de las familias, así que la burocracia de procuración de justicia para cumplir con la ley cabalmente no les aporta nada. Si se apuran a desenterrar los restos de alguna persona inhumada, a lo mejor si les va bien, dentro de unos cinco o siete meses les tendrán ya los resultados genéticos. 

Por eso la invitación del gobernador a conducirse en el marco de la ley tendría que pasar, antes que nada, por una autocrítica. La ley también exige a las autoridades que se conduzcan con diligencia y exhaustividad en la procuración de justicia y en materia de seguridad. Si el cumplimiento de la ley en un estado de derecho ideal es obligatorio para los ciudadanos, para las instituciones de gobierno la exigencia es mucho más alta, pero con prioridad hacia garantizar los derechos humanos. 

Si una ley entorpece el acceso a los derechos humanos, no sólo es justo, sino necesario pasar por encima de ella. Así que la petición del gobernador hacia las familias de conducirse dentro de la legalidad tiene, más bien, una connotación política para su propio beneficio. 

La posición de las familias también es una posición política, pero no con una agenda oculta o ligada a una facción, como sugirió también Alfaro en una de las primeras visitas de las Madres Buscadoras de Sonora. Se trata de una legítima actividad política en el sentido de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en un asunto público de veras crucial en este momento de nuestra tambaleante democracia, porque sólo con la intervención ciudadana se podrá superar el escollo de la criminalidad desbordada y la inseguridad que nos aterra a la mayoría. 

El gobernador debería apenarse y agradecer que hagan el trabajo que él se niega a hacer. 

Twitter: @levario_j

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