El choque de la narrativa contra la realidad: Ayotzinapa

El choque de trenes que representan, por una parte, la realidad, y por otro, la narrativa, han tenido diferentes momentos e intensidades a lo largo de la presente administración. Sin embargo, uno de los temas trascendentes en el mantenimiento de la narrativa lo era el esclarecimiento y seguimiento judicial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que, durante la administración pasada fue un parteaguas y en ésta, se dirige hacia el mismo rumbo.

La narrativa respecto al seguimiento y denostación de los trabajos realizados en la administración del presidente Peña Nieto, planteaba, tanto en el periodo de campaña electoral de 2018, así como en el arranque de esta administración, un enorme desaseo institucional que debería combatirse con el establecimiento de una estructura en la Secretaría de Gobernación, para dar un puntual seguimiento y una conclusión jurídica del caso. Un caso que ha significado para nuestro país un vacío inexplicable, así como incomprensible del fenómeno de mantener un expediente abierto de esa magnitud.

Desde el punto de vista internacional se planteaban, por lo menos, los límites de acción de un Estado que no logra poner en el centro de sus acciones un elemento esencial: el derecho a la vida. Bajo este precepto, la observación internacional considera este expediente como uno de complicidad o, por lo menos, de la incompetencia institucional para mantener un elemental derecho humano en la vigencia absoluta para los habitantes de este país.

De esta forma, la narrativa creció porque se trata de un elemento primordialmente imaginado, que no requiere una fundamentación particular, sino una adecuación imaginada a la forma del discurso. En esas condiciones, el discurso se convierte en un elemento sustancial en el diseño de una idea general sobre un acontecimiento; y las adhesiones forman parte de un escenario compartido en las ideas y en la narración. Así, la narrativa fluye en la reconstrucción simbólica pero no en la contundencia de los hechos, a partir de los cuales, no en la narrativa, sino en la construcción de un caso, se requieren elementos materiales para la elaboración y sustentación jurídica de un litigio que debe sustentarse en evidencias y pruebas que no están sujetas a una interpretación ideológica, sino material y clara.

En la narrativa se involucró a instancias que han estado implicadas todo el tiempo, pero no documentada materialmente su grado de participación. Las Fuerzas Armadas, las policías de diferentes niveles, las autoridades municipales y diferentes actores de la administración anterior. Durante la presente administración se siguió con la narrativa, sin embargo, no se avanzó de manera sostenida y estructurada en la gestión de evidencias y en la documentación del caso. El problema en el que ahora se encuentran es que avanzar en el caso integrando narrativa y no documentación de evidencias hace que el asunto entre a un callejón sin salida judicial y las adhesiones discursivas ahora se conviertan en críticos de un complejo expediente que sigue sin un sustento jurídico claro.

Nuevamente se atrinchera el Zócalo de la Ciudad de México frente a manifestaciones que ahora se dirigen en contra de los encargados del seguimiento del caso Ayotzinapa. Todo esto dentro de una serie de malos entendimientos entre diferentes instancias, como las Fuerzas Armadas, las fiscalías y las diferentes voces proclives de la administración en relación con este agudo caso. El presidente se preguntó desconcertado: “¿Por qué nos desconocen?”.

Este momento debería constituir una coyuntura importante para comenzar a bajar de la dimensión meramente argumentativa, sobre una que documente y revise el cuadro de funcionamiento del aparato institucional legal de nuestro país para que, con esa perspectiva, se comience a desarrollar, verdaderamente, una acción institucional, eficiente y dentro del marco jurídico del Estado.

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