El espionaje al servicio de Estados autoritarios

La camioneta negra en que viajaba Manuel Clouthier se detuvo abruptamente en la avenida Federalismo, cerca de avenida Juárez. El candidato presidencial descendió rápido mientras se colocaba el saco. Ya lo esperaban en Plaza Revolución decenas de simpatizantes. Clouthier fue recibido entre aplausos con quienes partiría en marcha hacia Plaza Liberación. Es 1988. Las campañas electorales arrecian. En eso escuché una pregunta a mi lado: “¿Tomó el número de placas, colega?”. Era un varón con libreta en mano. Le respondo que no. Un rato después me entero, porque me lo dice, que es militar del servicio de inteligencia. Mientras mi atención era el candidato para redactar una crónica, para el militar eran las placas. Eso permitiría, mínimo, identificar al propietario y de ahí armar la de relaciones de Maquío y su equipo. Información que suele archivarse, procesarse y evaluarse. Las decisiones que se toman es otro asunto.

Hay monitoreo permanente a periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales e instituciones por parte del Estado mexicano. El trabajo de calle directo, en actividades públicas, por ejemplo, se combina con el que se realiza en oficinas, áreas de apoyo tecnológico y áreas operativas. Un ejemplo tenebroso fueron las criminales Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, responsables de miles de crímenes y desapariciones, avaladas y protegidas desde el Estado mexicano priista.

Obtener información también se hace vía la infiltración. Identificado el objetivo, los espías se introducen a las agrupaciones. Un ejemplo es el militar que se inscribió en la Normal de Ayotzinapa, como se ha revelado. Él es uno de los 43 desaparecidos desde 2014. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía a su servicio al militar, quien viajaba con los alumnos para informar lo que hacían. La Sedena supo en tiempo real lo que pasó la noche de los ataques y secuestro de los alumnos. ¿Qué informó, a quiénes, qué más hacía, por qué no lo protegieron a él y a los otros 42 jóvenes?

En 1991 indagué con conocedores del tema quiénes realizaban espionaje en Jalisco. Rebasaban 20 las instituciones públicas y privadas que lo hacían, entre municipales, estatales y federales. Bajo la lógica de los potenciales adversarios o enemigos políticos, quienes fueran críticos o tuvieran poder de reacción y movilización, los rastreaban.

Por cierto, ¿en qué va, gobierno estatal, el caso del sistema de espionaje Galileo, similar al software Pegasus, adquirido en la administración estatal anterior? Luego de la auditoría de la Contraloría del Estado al contrato, ¿qué respondió la Fiscalía General de la República? ¿Y qué con el equipo Jasmine?

La Secretaría de Seguridad Pública heredó cientos de expedientes de jaliscienses. Dos agentes me mostraron, ufanos, fotografías de manifestaciones con el rostro de participantes en círculo rojo y su respectiva ficha. En los años 90 uno de los entonces comandantes nos reveló, nervioso, a tres periodistas, cómo protegían juegos de azar clandestinos, jefes de bandas delictivas o extorsionaban, intervenían teléfonos, etcétera. Quedó de pasar pruebas. Nunca lo volvimos a ver.

Cuando se acentúa la criticable militarización del país, documentos filtrados por el grupo Guacamaya revelan que de los espiados por la Sedena están colectivos de mujeres, entre ellos, de Jalisco. ¿A quién más espía en la entidad? ¿Y los grupos delictivos?

Las instituciones que se dedican al espionaje son paranoicas, ven contrincantes y amenazas en todos lados, y justifican así su trabajo; sus elementos le entran a la guerra sucia y ofrecen información al mejor postor, de manera subrepticia. Una ocasión, en la entonces procuraduría estatal un agente federal cargaba el padrón electoral buscando a un tipo.

El espionaje siempre ha existido en el país. Continuará. La intervención ilegal de comunicaciones es un delito. Lo prohíben la Constitución y el Código Penal Federal. Vulnera derechos de las personas. El espionaje político a ciudadanos y organizaciones es un mecanismo de control de Estados autoritarios. El espionaje ilegal debe denunciarse y sancionarse, acotarse, regularse, tener contrapesos ciudadanos y legislativos, rendición de cuentas. Que un juez avale intercepciones telefónicas no es suficiente. Los legisladores federales están obligados a contener el espionaje y supervisar, con organismos ciudadanos y el Judicial, que el Ejecutivo cumpla.

Twitter: @SergioRenedDios

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