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¡No!, al aumento
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“Los que no estudian la historia están condenados a repetirla, y los que la estudian están condenados a ver impotentes cómo los demás la repiten”, dice un chiste que circula en la Internet, y que evoqué cuando leí la propuesta de reforma electoral que López Obrador envió al Congreso de la Unión, misma que esta semana se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados.
Y no es que se esté repitiendo del todo la historia, pero sí hay varios rasgos que me hacen pensar en que no se ha avanzado en lo que hacía falta, porque nos hemos quedado atascados en la discusión en torno a uno solo de los asuntos que necesitábamos resolver: el electoral, es decir, las reglas de acceso al ejercicio del poder político-institucional.
Al pensar en esta situación, me viene a la memoria un texto que escribió hace 18 años el doctor Luis F. Aguilar, a quien recientemente se le rindió un homenaje en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, por su gran trayectoria en el campo de las políticas públicas, homenaje al que gustosamente me sumé.
En el texto en cuestión, Recepción y desarrollo de la disciplina de Política Pública en México, el doctor Aguilar da cuenta de que, ante las crisis política y fiscal de los años 80 del siglo pasado, se planteó como remedio la democratización del régimen, que en los hechos se redujo a la búsqueda de la alternancia electoral en la Presidencia de la República, dejando de lado otros aspectos que a la distancia podemos decir que eran igual o más importantes, como el gubernativo-institucional.
Sorprende la actualidad del diagnóstico del doctor Aguilar, quien planteaba la tesis de que “si la democracia representativa no se asienta en República, en gobierno de leyes que los ciudadanos aprueban, observan y exigen, la democracia está destinada a debilitarse en breve tiempo porque no podrá disponer de las condiciones para controlar la pluralidad y la competencia política”, la cual parece confirmar el devenir de nuestro país.
Y así, nos encontramos ante la enésima enmienda a las reglas electorales en nuestro país, con la diferencia de que, en esta ocasión las propuso el partido ganador y no uno de los derrotados, y con la diferencia de que no quiere emparejar la cancha, sino parece querer inclinarla a su favor.
Y como bien señala el doctor Aguilar: “La concentración de la atención intelectual y política en el presidente y en el grupo de las personas alternativas más que en las instituciones alternativas condujo a que la transición/alternancia fuera concebida como la destitución de una clase política considerada intrínsecamente autoritaria, no democráticamente recuperable, y su sustitución por otra que se presenta o puede acreditarse como confiablemente democrática”.
Al mismo tiempo, en este cierre de sexenio vemos cómo se desperdició, una vez más, la oportunidad de democratizar el proceso de toma de decisiones dentro del gobierno, de manera que respondiera de manera más adecuada a la pluralidad social, y permitiera articular de mejor manera los esfuerzos para resolver los problemas que venimos arrastrando desde hace años, la corrupción, la impunidad y la extremadamente desigual repartición de la riqueza, así como aquellos de los que recientemente tomamos conciencia, como la desigualdad estructural que actúa en contra de las mujeres y quienes no se identifican como heterosexuales, y el daño a nuestro entorno medio-ambiental.
¿Queremos repetir la historia y seguir posponiendo la construcción de un gobierno de leyes, pensando que mientras tengamos cercanía con quien gane la elección presidencial nos irá bien?
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