Los derechos humanos cuestan

El ejercicio presupuestario constituye una muestra de prioridades, y evidencia si las autoridades verdaderamente tienen la intención de generar condiciones que garanticen la respuesta a las demandas ciudadanas y el efectivo ejercicio de los derechos humanos de la población. El 1 de noviembre el Congreso de Jalisco recibió el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2023, a fin de realizar su estudio y aprobación a más tardar el 15 de diciembre. El presupuesto anual parte de las prioridades del Ejecutivo, por lo que el Legislativo, en calidad del órgano representante de la ciudadanía, debe asegurar que el dictamen final atienda sus necesidades. 

En la práctica, las autoridades que participan en el proceso de diseño y aprobación del presupuesto carecen de un enfoque basado en los derechos humanos. Usualmente tampoco se implementan los mecanismos de participación ciudadanos a pesar de ser un tema de profundo interés público, aún más ante los impactos de la violencia que prevalece en la entidad. La asignación del presupuesto se da desde una posición de poder, en función de los intereses y negociaciones políticas y partidistas, y la perspectiva de derechos humanos tiende a diluirse. 

A partir de la reforma constitucional de 2011 la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos debe orientar el ejercicio de la administración pública, lo que también implica el diseño de políticas públicas y mecanismos basados en los estándares internacionales, asegurando los recursos necesarios para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

Este nuevo paradigma ha presentado retos en la práctica, ya que los compromisos que se adquieren en la materia no se ven reflejados en el presupuesto asignado para su materialización. Esta relación entre los recursos públicos y el cumplimiento de los derechos humanos ha sido señalada por los organismos internacionales, particularmente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Además, de acuerdo con el principio constitucional de progresividad, no debe existir un retroceso en el nivel de goce de derechos humanos que ya fue alcanzado, y que las autoridades deben buscar la mayor y constante satisfacción de su ejercicio, aprovechando para ello el máximo uso de recursos disponibles. Esto implica que el grado ya avanzado relacionado con el presupuesto asignado para las medidas en materia de derechos humanos no podrá disminuir. 

Los compromisos deben traducirse en acciones concretas, acompañadas por los recursos destinados para este fin, con base en las necesidades de la población y un exhaustivo análisis de las problemáticas y sus causas. Al analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023, en un primer momento se observa el incremento de recursos previstos para instituciones emblemáticas encargadas, por ejemplo, de atender la problemática de desaparición de personas, sin embargo, los aumentos en términos reales son mínimos en comparación con 2022, e insuficientes, considerando los marcos normativos especializados en la materia y el agravamiento de la situación, donde además, los esfuerzos realizados han dejado varios pendientes. 

También ha sido muy común argumentar la ausencia de las políticas públicas enfocadas en garantizar los derechos humanos con la insuficiencia de los recursos. El presupuesto no puede considerarse como excusa para incumplir. Uno de los ejemplos en Jalisco ha sido el retraso de 5 años de no haber creado la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura que debe contar con plena autonomía técnica y operativa, y año tras año, incluido 2023, no se prioriza designar una partida presupuestaria para su consolidación, a pesar de la obligación legal y recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. 

Las próximas semanas serán fundamentales para aterrizar el discurso de derechos humanos en la realidad, desde el ámbito presupuestario. Jalisco requiere esfuerzos de todos los poderes públicos para cumplir de forma integral con las obligaciones en materia de derechos humanos y promover las transformaciones que abonen al restablecimiento del Estado de Derecho. Garantizar los derechos humanos no es un deseo, opción o una retórica, sino es el deber de todas las autoridades, incluidas las y los diputados. 

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