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Llama la atención que ante la crisis de violencia que se vive en el estado, con el crimen organizado controlando plenamente territorios, así como los liderazgos de Jalisco en la aparición de fosas clandestinas, de cuerpos rescatados de estos sitios de inhumación ilegal y la desaparición de personas, el conflicto con la corriente política de la Universidad de Guadalajara se haya convertido en la madre de todas las batallas para el gobierno estatal.
Más allá de los argumentos de cada una de las partes y de las razones que han llevado a la confrontación al grupo que encabeza Enrique Alfaro Ramírez y al que lidera Raúl Padilla López, no se perciben diferencias de fondo.
La relación entre ambos grupos políticos es conocida ampliamente. Fueron juntos a la elección que llevó a Enrique Alfaro Ramírez a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga y luego se distanciaron. Según el ahora gobernador, el punto de desencuentro fue el intento de imposición en diferentes cargos de personas afines al grupo Universidad de Guadalajara, entre quienes por cierto estaba Quirino Velázquez, padre del ahora diputado emecista.
Después de esas diferencias, se dio un rompimiento y aquella declaración estridente de Enrique Alfaro, quien declaró a Tlajomulco territorio libre de Raúl Padilla.
Pero esas diferencias comenzaron a disiparse cuando Enrique Alfaro se sentó en la silla de la presidencia de Guadalajara y volvió a utilizar al grupo político de la Universidad de Guadalajara para sus alianzas electorales y para buscar mayoría de votos en el Congreso del Estado, hasta que, en la pasada elección de 2018, en la que ganó la gubernatura del estado fueron en alianza plena.
Para la elección intermedia de 2021 ya se veía un nuevo distanciamiento, especialmente al concretarse la creación del partido Hagamos por una corriente política de la UdeG. Esta distancia se fue ampliando con temas como la aprobación de las dos megadeudas contratadas por Alfaro Ramírez y por algunas designaciones de magistrados y funcionarios de organismos autónomos.
Hasta que llegó el rompimiento, cuando el gobernador decidió quitar 140 millones de pesos ya asignados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, con el argumento de que se requerían para el Hospital Civil de Oriente.
A partir de ese momento, la Universidad de Guadalajara se convirtió en el principal enemigo del gobierno de Enrique Alfaro.
También podríamos incluir como un factor de desencuentro la aparición del rector general Ricardo Villanueva como un aspirante con posibilidades a la gubernatura del estado, lo que ha calentado los rumores de que podría ser invitado por Morena.
Si revisamos esta historia, más allá de las diferencias políticas, no hay un tema de fondo que amerite el nivel al que ha llevado el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez este enfrentamiento, al grado de recortar recursos para infraestructura y operación de la Universidad de Guadalajara en el presupuesto de 2023 y, por supuesto, el intento de boicot a la Feria Internacional del Libro.
A menos que este conflicto le esté sirviendo al gobernador para desviar la atención de los temas que estaban marcando ya su gestión: el sobreendeudamiento y el manejo poco transparente de los recursos, así como la inseguridad, la crisis forense, las desapariciones y el hallazgo constante de fosas clandestinas.
La cuenta regresiva de la actual administración estatal comenzó y los rasgos de desesperación no son una buena noticia para los temas importantes de Jalisco, porque van dejándose a un lado y no se atienden, pero además no hay esperanza de que se retomen en serio, garantizando el triunfo de la impunidad.
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jl/I