¡Hasta encontrarles!

Se acaban de cumplir cinco años de la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, una ley muy avanzada que sirve de ejemplo en otros países con problemáticas similares y que es un triunfo de las familias buscadoras de sus seres queridos.

En ese sentido podemos celebrar que después de varios años de desprecio a las víctimas e invisibilización de ese problema, ahora ya tenemos una herramienta que favorece la labor de las familias, principalmente mujeres, que han tenido que dedicarse a esa labor, porque las autoridades, por diversos motivos, no dedican ni tiempo ni dinero ni esfuerzo a hacerlo.

Esas personas, esas mujeres, nos han mostrado lo que se hace cuando en realidad se quiere resolver un problema, se inicia por donde se puede y conforme se va avanzando se van resolviendo los nuevos obstáculos que aparecen en el proceso. Ellas no esperaron a tener todo listo, pero han ido allanando el camino para quienes, dolorosamente, tengan que recorrerlo junto, con o después de ellas.

Sin embargo, esos cinco años no son de celebración. No deberíamos tener necesidad de leyes como esas, por muy bien elaboradas que estén. No deberíamos estar expuestas todas las personas a padecer ese dolor tan inhumano de no poder descansar, porque no tenemos idea si alguno de nuestros seres queridos está bien o no, si padece de hambre o de enfermedad, y vivir con la impotencia de no poder darle algún apoyo.

Y como si nos hiciera falta un argumento de que las leyes no son suficientes para resolver los grandes problemas públicos, aunque sean necesarias, la tragedia de la desaparición de personas no se detiene, y de hecho no deja de crecer, en todo el país, aunque particularmente en Jalisco, nuestro estado.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en México solo se procesan entre 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición, y solo se ha condenado a 40 personas por ese delito. Eso pone en evidencia que nuestras autoridades no han hecho efectiva la ley, y se limitaron a promulgarla.

Sigue pendiente la creación del banco nacional de datos forenses, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el registro nacional de fosas y el programa nacional de búsqueda.

Y como denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja no se ha eliminado la figura legal de “persona no localizada”, que asume de entrada que el hecho de que no se conozca su ubicación no tiene que ver con un acto delictivo, y por eso propicia que no se les busque de manera diligente.

Si a lo anterior le agregamos que no se asignan los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que las diversas comisiones estatales de búsqueda lleven a cabo su labor, podemos concluir que no hay una voluntad clara por resolver el problema en lo más inmediato y urgente: localizar a las personas y devolverlas a sus familias.

Y, además, todavía está pendiente algo importante: contar con un diagnóstico que nos permita entender las causas de las desapariciones, de manera que se puedan prevenir y acelerar la localización de quienes han desaparecido, al mismo tiempo que se sanciona a quienes estuvieron involucrados en la comisión de ese terrible delito, y se repara el daño que causaron.

Cinco años han pasado y el Estado mexicano, del cual usted y yo, al igual que el resto de quienes pertenecemos a este país, no ha hecho lo suficiente para resolver este problema, mientras miles de mujeres siguen por su cuenta y riesgo, enfrentando amenazas o siendo asesinadas, haciendo todo lo que pueden, hasta encontrarles.

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Twitter: @albayardo

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