2023: oportunidad para la dignidad

El 2022 dejó muchos pendientes y promesas incumplidas en materia de derechos humanos. Pese a los discursos oficiales sobre avances, la violencia ha sido una marca de Jalisco. Se mantiene la reproducción de los retos que por años han dejado huellas en la sociedad, sin que las autoridades tengan la capacidad de reconocer sus responsabilidades y menos atender la crisis de inseguridad e impunidad estructural.

Desde un escenario de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos, el hecho de que 2023 arrancara muy fuerte no constituyó ninguna sorpresa. Apenas concluye el primer mes del año y los registros de multihomicidios, desapariciones, fosas clandestinas, daños medioambientales o de criminalización de personas defensoras han sobrepasado los límites. Pareciera como si la privación de los derechos a la vida, libertad y seguridad de la población jalisciense sea algo normalizado, tal como el miedo de seguir con nuestras rutinas y actividades cotidianas.

Los motivos para exigir justicia y reclamar las inconformidades sobran. Sin embargo, ante los legítimos reclamos de la ciudadanía, la respuesta de las autoridades ha sido la represión, y 2023 ha confirmado la continuidad del uso del poder punitivo para inhibir y criminalizar la resistencia ante el proyecto de Iconia, violentando de esta manera los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, así como el de defender los derechos humanos, siendo estos vitales para una verdadera democracia. En la agenda institucional de los últimos años, tampoco se ha priorizado la implementación del mecanismo estatal de protección de personas defensoras y periodistas y queda pendiente que en Jalisco sea garantizado el desarrollo de dichas profesiones sin miedo a represalias.

Aunque oficialmente en Jalisco se reconoció que la causa de la mayor parte de desapariciones es ausentarse por voluntad propia, la entidad ha ocupado el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas. Para 2023 se requiere redoblar esfuerzos para la plena implementación de las leyes de desaparición, consolidando los registros, reforzando la regionalización de la búsqueda, estableciendo estrategias claras e integrales de prevención del delito, concluyendo el Programa Estatal de Búsqueda, fortaleciendo la operación del Centro de Identificación Humana, así como garantizando la protección de las buscadoras, quienes reemplazan a las autoridades en sus labores. Ojalá en 2023 el derecho de buscar a cada persona de manera inmediata y exhaustiva sea una prioridad.

Por otro lado, el Congreso local tendrá la oportunidad de demostrar este año su compromiso de representar a la ciudadanía y romper con el silencio, en vez de rodearse de vallas metálicas y funcionar como una dependencia sometida al Poder Ejecutivo, siguiendo instrucciones para el reparto de cuotas y cuates, violentando las leyes y no generando marcos normativos que verdaderamente beneficien a la sociedad.

En este sentido, queda pendiente la aprobación de la ley de designaciones públicas para evitar nombramientos basados en intereses políticos y reformar la obsoleta Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, se mantiene una deuda con las víctimas por la postergada ley en la materia, urge dotar de autonomía a las fiscalías que investigan los delitos de desaparición y tortura, y garantizar que en Jalisco las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos.

La necesidad del balance entre los poderes públicos locales también aplica al Poder Judicial, que ha operado de forma subordinada del Ejecutivo, en función de sus beneficios, y no procurando una verdadera administración de justicia.

Jalisco sigue atravesando una grave crisis de derechos humanos y 2023 podría significar un cambio real, pero poco podemos esperar si no existe verdadera voluntad para escuchar y recibir críticas. La sociedad no tiene confianza en las autoridades y toca a estas asumir la responsabilidad de generar acciones sustantivas para cumplir con sus obligaciones legales y dejar que las causas sociales y derechos humanos se posicionen al margen de sus agendas. No hay por qué esperar más, y aunque cuesta mantener esperanza, ojalá 2023 pueda marcar la diferencia y ser un año de dignidad.

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