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La descomposición social de Alfaro

Cuando las autoridades, particularmente el Ejecutivo estatal, hacen referencia de manera tan básica y ordinaria a la acepción de la descomposición del tejido social con la intención de deslindarse de la responsabilidad de la inseguridad y la violencia en nuestro estado resulta pertinente explicarle al gobernador que el tejido social hace referencia a los vínculos que, a partir de valores y referentes simbólicos comunes, pero también de intereses y necesidades a satisfacer, se establecen entre los miembros de un estado y sientan las bases de la convivencia entre estos, alude a los acuerdos tácitos o explícitos que se establecen en la comunidad, en las estructuras e instituciones sociales que los reflejan.

Un tejido social roto se refiere a la pérdida de la percepción de seguridad que tenemos los miembros de la comunidad, pero también de las relaciones y los acuerdos que dejamos de establecer o dejaron de ser válidos.

En el particular caso de los feminicidios en Jalisco y al hecho de que Enrique Alfaro acredita a la descomposición del tejido social la privación de la vida de mujeres por razón de género y con ello deriva la responsabilidad a los hogares, familias y a la vida privada de las personas, debemos aclararle que esto es totalmente falso.

La responsabilidad del Estado en materia de seguridad no se puede trasladar a actos privados, ya que las condiciones de vida las propicia el Estado y con ello la posibilidad de restituir el tejido social a través de dinámicas favorables, de fuentes de ingresos, a la protección social, la planeación urbana, de vivienda y transporte público y de servicios públicos eficientes, en general, a la promoción de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que lleven a una alternativa integral de desarrollo y a un modelo de vida basado en la solidaridad con los otros.

El gobernador ha reducido el papel de su administración a la detención de feminicidas en algunos casos, en los que hay que decir que al menos tres feminicidios han sido perpetrados en instalaciones en donde debería imperar la seguridad, tal es el caso de Vanessa, asesinada por su pareja afuera de Casa Jalisco, y los feminicidios de Liliana y Alondra, asesinadas por la pareja de Alondra en una Agencia del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán.

Las mujeres somos violentadas en el espacio público y privado; nunca esperaríamos que fuera precisamente en los lugares que consideramos más seguros, como las instituciones públicas, en donde se llevará a cabo la máxima expresión de violencia contra la mujer y que adicionalmente a eso la autoridad se deslindará de la responsabilidad de proporcionarnos seguridad a las mujeres.

Hay que recordarle a Enrique Alfaro que antes de deslindarse de la crisis de feminicidios que vive la entidad que él gobierna, son 11 municipios los que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Puerto Vallarta, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande, Mezquitic, Lagos de Moreno y Ameca, que por cierto aun con la alerta siguen siendo los lugares con mayor incidencia delictiva en el rubro de delitos contra las mujeres y que aunque algunos de estos municipios ya contaban con la alerta antes de que iniciara esta administración estatal. Conociendo esta situación, el gobernador decidió enfáticamente gobernar a Jalisco con el compromiso de campaña de atender esta problemática.

También hay que recordarle que es urgente la publicación e implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, el cual tiene como propósito garantizar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, y contiene las acciones que, de forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades en la administración pública y municipal, en el corto, mediano y largo plazo, que recupere las experiencias, dinámicas y contextos en los que las mujeres, adolescentes y niñas puedan estar viviendo situaciones de violencia por razón de género.

Por supuesto sobre este tema el gobernador puede dialogarlo de manera mucho más amplia con la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva o, mejor aún, con las colectivas feministas, si es que se anima.

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jl/I