Inteligencia vs. espionaje: AMLO mentiroso

El presidente de la República dice que no son iguales a los gobiernos anteriores, pero resultaron peores. El discurso hipócrita que ha emitido de años de espionaje en su contra por otras administraciones se le cayó el pasado viernes, pues ahora es él y sus colaboradores quienes de manera ilegal realizar espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen el periodismo. Sin poder explicar la base legal y el propósito para llevar a cabo este tipo de actividades, al recurso que recurrió fue el enojo y la descalificación de algunos medios de comunicación.

En este sentido hay que decirle al Ejecutivo federal que la legislación en materia de inteligencia policial es clara. La Ley de Seguridad Nacional refiere que se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y que la información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de seguridad nacional por las instancias autorizadas.

Podemos inferir que desde la perspectiva del presidente, las personas que ha espiado su gobierno son una amenaza a la seguridad nacional; sin embargo, de acuerdo a lo que establece la regulación mencionada se entiende por seguridad nacional las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes; al realizar un análisis jurídico de estos supuestos es claro que ninguno de estos contextos se acerca a la labor de la defensa de los derechos humanos o del periodismo.

Lo que Andrés Manuel López Obrador hizo el viernes fue mentirnos descaradamente. El espionaje que realiza sin que exista el soporte jurídico debería ser un escándalo nacional e internacional; la utilización del spyware especializado, denominado Pegasus, representa una vulneración grave a la intimidad de las personas y su uso responde a un claro abuso de poder.

También debemos explicar al presidente que la intervención de comunicaciones es la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro que hace una instancia autorizada de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología. Esta intervención se debe realizar con la autorización de la autoridad judicial; que esta acción se lleve a cabo sin contar con el aval del órgano jurisdiccional corresponde a una ilegalidad y arbitrariedad del Estado, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con facultades para realizar este tipo de actos.

La única instancia con atribuciones es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; es decir, Andrés Manuel, aun con la investidura de ser presidente de la República y mando supremo del Ejército, no puede avalar que se ejerza la obtención de información de manera ilegal de una persona.

El Ejecutivo se equivoca de manera muy grave al permitir que a través de una de las instituciones hoy más poderosas del país se vulneren los derechos humanos de las personas sujetas a espionaje; sin embargo, también hay que decir que a estas alturas lo que provoca López Obrador es compasión; las herramientas y la estrategia de hacerse la víctima, los otros datos y la crítica que hace a algunos medios de comunicación ya se le agotaron, ya son poco efectivas y su discurso cada vez es más débil.

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