Quinto Patio

Una cosa es hallar las fosas; otra, identificar los cuerpos que localizan en ellas, y una más, dar con los responsables para que haya verdad y justicia. En Jalisco, la primera es la única que tiene grandes avances y, ¿qué creen?, es en la que están metidos de lleno los colectivos de buscadoras. Si ellas, madres, hermanas o hijas, no tomaran la batuta, tampoco se hallarían las fosas.

La justicia es el tema más retrasado en lo que va de la administración, pues sólo en dos casos ha llevado la Fiscalía personas ante un juez y únicamente en uno logró comprobar responsabilidad para tener una sentencia condenatoria. Sólo uno y van 133 fosas halladas. La impunidad a tope. El crimen perfecto, describen las familias, porque esta impunidad permite a los criminales seguir generando delitos, al cabo no pasa nada; o vamos muy bien, diría el gobernador.

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La pelea que durante años ha mantenido el gobierno municipal de Puerto Vallarta para recuperar el servicio de agua potable y alcantarillado, antes en manos del gobierno del estado, parecía haber rendido frutos en marzo de 2020, cuando por fin se hizo la entrega por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, cada día aparecen nuevas irregularidades, como adeudos a proveedores y con bancos, no están los títulos de concesión para obtener agua y para las descargas, dejaron una nómina obesa a la que hay que liquidar…

Además de que no hay documentos de los bienes inmuebles propiedad del organismo operador. Todo esto, sin contar que no sirven las plantas de tratamiento de aguas residuales ni dos colectores. Según el municipio, los daños podrían superar los 2 mil millones de pesos. Si nos atenemos a la información disponible, un desastre administrativo y financiero.

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¿En dónde están esos operativos de seguridad reforzada en la zona Altos Norte del estado? Eso seguirá siendo una incógnita, pues basta dialogar con lugareños de Teocaltiche. Y es que no se notan, por lo menos en términos de eficiencia.

Pareciera que el patrullaje y el envío de más elementos policiales sólo está en la mente e imaginación de las autoridades estatales y federales. Por lo menos así lo ven oriundos de esta zona del estado, quienes viven aterrorizados por las balaceras que cada semana se registran en diferentes delegaciones municipales.

Muertos, autos quemados, baleados, ráfagas de armas de alto poder son el pan nuestro de todos los días, en una zona de guerra que las autoridades no acaban por reconocer, pero tampoco por informar y, menos por, aunque sea, apaciguar la violencia en esa región.

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La muerte de la estudiante de secundaria de Teotihuacán, Estado de México, Norma Lizbeth Ramos, luego de ser golpeada por otra alumna con una roca en la cabeza, es tema de conversación entre profesores de educación básica; sobre todo de primaria, que en quinto y sexto enfrentan casos de bullying, y no se diga en los de secundaria, que deben intervenir una y otra vez para detener la violencia escolar.

El magisterio debe tener que preparar e impartir clases, atender los requerimientos burocráticos, y hacerla de aprendiz de psicólogo y paramédico, y también aprender a mediar conflictos entre alumnos. Una chamba pesada, difícil y compleja en un contexto de agresiones generalizadas. ¿Y qué pasa con quienes serán futuros profesores? ¿Los alumnos de escuelas como la Normal de Jalisco y el resto de normales públicas y privadas, están capacitados para poder esa grave problemática cuando estén frente a grupo? ¿Tienen perfil sus maestros para formarlos en ese tema, porque luego resulta que hay quienes nunca han impartido clases en ese nivel? ¿Están funcionando las medidas anti bullying en Jalisco?

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jlk/I