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Campo de exterminio
Crematorio clandestino
La mañana de ayer una camioneta pickup estaba estacionada sobre el camellón en la avenida Federalismo, frente al Parque Revolución; sus placas, con el número JW6 0869, indican que la unidad es propiedad de la Financiera Bajío, al servicio de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). Una unidad más estacionada al mediodía de este lunes a las afueras de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), con placas JS0 2632, está a nombre de la SHP y tiene “uso oficial estatal”.
¿Cómo es posible conseguir estos datos? Una empresa diseñó una aplicación que ya se comparte entre ciudadanos y que con solo la captura del número de placa de un auto permite conocer quién es el propietario, el número de serie del vehículo, el domicilio del propietario y todos los datos de la unidad.
La aplicación, que tiene los datos personales de miles de automovilistas del estado, se llama Mi Placa y fue elaborada por la empresa Perspective Global de México. Según su página web es “una empresa mexicana fundada en 2003, radicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, orientada hacia la atención de las necesidades de sistemas y aplicaciones, orientados a plataformas Internet e Intranet, y con un fuerte enfoque en la geolocalización”.
Entre los clientes que presume esta empresa en su página están cuatro Municipios metropolitanos gobernados por Movimiento Ciudadano (MC): Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.
Según información de su página web, el dominio fue creado en 2007 por Viviana Margarita Llamas Ruiz, mientras que el administrador es José Luis Llamas Ruiz.
NTR hizo un ejercicio con distintos números de placa al azar y en todos fue posible obtener los datos personales de sus propietarios. Por ejemplo, cerca de las 13 horas un legislador bajó de una camioneta que se estacionó en el ingreso de la calle Independencia. La unidad, una Toyota con placas 17M630, está a nombre de una empresa denominada Donen, con domicilio en la avenida Acueducto, en Colinas de San Javier.
La aplicación también reveló que una camioneta con placas JR9 2420, estacionada ayer frente a las instalaciones de la SSE, tiene como propietario a la SHP, así como que una unidad con placas JHX 7498, aparcada a un costado del Congreso local, es propiedad del Poder Legislativo, aunque en el uso del vehículo se señala que es “particular”.
El mismo ejercicio se realizó con dos unidades estacionadas en la parte posterior de palacio de gobierno. Con placas JPF 1373 y JPF 1574, ambas están a nombre de la SHP.
El problema es que ese mismo ejercicio se puede realizar con cualquier vehículo particular. Basta la captura de la placa para conocer el nombre del propietario y su domicilio, entre otros datos.
Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los datos personales que los ciudadanos entregan a las autoridades son confidenciales.
Asimismo, el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece que los sujetos obligados son responsables de los datos personales que estén en su posesión y están obligados a adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad, evitando “su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado”.
Por poner en riesgo información personal de la ciudadanía, el titular de la agrupación Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz Romero, presentó ayer una denuncia formal ante la Contraloría del Estado contra los titulares del gobierno del estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara (la aplicación tiene en su portada el escudo del Municipio) y quien o quienes resulten responsables de la difusión de datos personales de los ciudadanos, y por los posibles delitos que puedan cometerse con el uso de esta información.
En la denuncia pide que se dé vista al Ministerio Público, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y a la Contraloría del Estado, pues se pone “en riesgo la seguridad e integridad de los jaliscienses que tienen algún vehículo a su nombre, dejando de manera vulnerable a los propietarios de vehículos”.
GR/I