La violencia en Chiapas

La violencia en Chiapas se ha agudizado en las últimas semanas y en algunas de sus comunidades se vive una situación de guerra, de acuerdo con lo que han denunciado víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El viernes pasado ocurrió un ataque armado en Chenalhó contra un grupo de más de 150 indígenas que se refugiaban en una bodega, después de que habían sido forzadas a abandonar sus comunidades por causa de la violencia. En la agresión murieron siete personas y tres más resultaron heridas.

El domingo 28 de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un comunicado en el que señala que el municipio de Frontera Comalapa sufre una profunda crisis de violencia debido a “la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la criminalidad bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal”.

La organización añade que “jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia” y que “por lo menos 3 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades”. Algunas encontraron en los montes su refugio. Otras, dice el comunicado, “permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo”.

La revista Proceso informó que durante la noche del 23 de mayo un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes en las comunidades Lajerío y Nueva Libertad duró más de 10 horas continuas, durante las cuales los pobladores pidieron el auxilio de las policías municipal y estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército, pero que ninguna institución respondió.

De acuerdo con el Centro Fray Bartolomé de las Casas “se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano” y añade: “Son daños e impactos que pudiéramos denominar escenarios de guerra, que se han prolongado en meses, días, sin que se atienda (…) por ello que recordamos al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos”.

Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó la semana pasada otro comunicado en el que advierte: “Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas (gobernador de ese estado) y Andrés Manuel López Obrador”.

De acuerdo con los zapatistas, el 22 de mayo un grupo paramilitar realizó un ataque armado en la comunidad Moisés Gandhi, en el que resultó gravemente herido el dirigente comunitario Jorge López Santíz.

El comunicado zapatista, que está firmado también por 800 organizaciones nacionales e internacionales y mil personas entre las que se encuentran destacados intelectuales, escritores y artistas, señala que “el ataque es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste”. Ante los hechos, el EZLN convocó a una manifestación el próximo jueves 8 de junio.

La situación de Chiapas es muy grave. A las ya de por sí deplorables condiciones en que vive gran parte de la población se suma la crisis de violencia. Hay mujeres, niños y ancianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Mientras, las autoridades locales minimizan los hechos y el gobierno federal parece más interesado en la política electoral a la que destina gran parte de su tiempo y su atención. Algunas de las comunidades más vulnerables del país sufren nuevamente el abandono del Estado y de gran parte de la sociedad.

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