El INE da señales de vida

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció límites a las precampañas electorales que llevan a cabo los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Ordenó que las llamadas “asambleas informativas”, que en realidad son mítines, se lleven a cabo en lugares cerrados o en instalaciones del partido y que no contengan elementos proselitistas.

La resolución del INE se dio con dos votos a favor y uno en contra de quienes forman parte de la Comisión de Quejas. La consejera Claudia Zavala quería ir más a fondo y propuso prohibir completamente los actos proselitistas adelantados, debido a que, dijo, con ello se afecta la equidad de la contienda. Sin embargo, sus dos colegas prefirieron únicamente limitarlos.

Además, el INE reiteró los lineamientos que había dado a conocer el 16 de junio en que solicitó a los precandidatos no llamar a votar, no referirse a las próximas elecciones y no lanzar propuestas de gobierno.

La orden llega casi un mes después de que los precandidatos de Morena se encuentran de lleno en las actividades proselitistas.

Ya nos habíamos referido en este espacio a la simulación y a las artimañas con que operan los partidos políticos para violar la Constitución, pues de acuerdo con ésta, las precampañas electorales deberían empezar en noviembre.

Pese al retraso de la medida, constituye una buena noticia que el INE, que tiene entre sus principales atribuciones garantizar procesos electorales legales y equitativos, comience a dar señales de vida y empiece a despertar, pues frente a evidentes violaciones a las normas vigentes, se mantenía en una actitud pasiva.

Será difícil que la autoridad electoral haga cumplir la ley en un proceso que ya se ha desbordado y que se impulsa desde el poder político con gran apoyo popular.

En un régimen encabezado por un presidente para el cual el cumplimento de la ley es un asunto secundario y opcional, será difícil que el resto de los actores se atenga la norma. Si él no lo hace, ¿por qué habrían de hacerlo los demás? Hemos visto de manera reiterada que las resoluciones judiciales de todo tipo simplemente no se cumplen. Y no hay consecuencias.

Desde el poder político se opera con la misma impunidad con que actúan los delincuentes. Unos y otros saben que la posibilidad de ser sancionados por violar la ley es mínima.

Si se trata de multas a los partidos, los montos son irrisorios frente a la enorme cantidad de recursos económicos que reciben y, por si fuera poco, las pagamos los ciudadanos con nuestras contribuciones.

Hay multas mucho más severas, como el retiro de las candidaturas, pero ya vimos cómo le fue al INE cuando lo hizo en el caso de Félix Salgado Macedonio, el morenista que pretendió gobernar Guerrero. Pese a que era evidente la razón jurídica para retirarle la candidatura, el partido oficial y sus seguidores desataron su furia contra el organismo electoral.

Si eso ocurrió con la candidatura a un estado y con un personaje con una trayectoria tan cuestionada como la de Salgado, será difícil que alguien se atreva a ponerle un alto a los precandidatos de Morena.

Con un INE debilitado resulta todavía más complejo el panorama para quienes tienen la responsabilidad de velar por el adecuado desarrollo de los comicios, pero tiene que hacerlo. Es su obligación.

Es verdad que hace falta reformar la ley electoral. Lo han dicho tanto opositores, como gobernantes y analistas. Sin embargo, es la ley vigente. Si cualquiera decide saltarse la norma que sea, desde un ordenamiento municipal hasta la Constitución, con el argumento de que no responde a la realidad actual, debilita aún más al tan maltrecho Estado de derecho en que vivimos.

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