¿Qué oculta la Conagua?

Algo esconde la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta dependencia federal tiene la responsabilidad de proteger de la contaminación los ríos y cuerpos de agua del país; sin embargo, se ha negado a transparentar información importante sobre las empresas que tienen permiso para descargar aguas residuales al río Santiago.

Pobladores afectados por la extrema contaminación del río más grande que pasa por Jalisco luchan por su derecho a saber qué tipo de descargas residuales realizan empresas con autorización de la Conagua.

Como parte de este esfuerzo conjunto de agrupaciones como Un Salto de Vida, en colaboración con científicas y científicos comprometidos, la académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Cindy McCulligh, realizó en julio del año pasado una solicitud de información que hasta el momento no ha sido atendida por la Conagua.

La investigadora exigió que el Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (Siralab) de la Conagua haga pública la información que tiene desde 2015 sobre las industrias y personas que tienen concesiones y permisos para descargar aguas residuales en toda el Área Metropolitana de Guadalajara y otros 11 municipios de los Altos de Jalisco y la Ciénega, todos en la cuenca del río Santiago.

Según la solicitud disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 330009422002176), se pidió a la Conagua abrir los expedientes sobre los análisis de laboratorio e indicadores de la calidad del agua que las propias industrias informan a la autoridad federal.

Esta información ni siquiera tendría que ser solicitada. La Conagua debería publicar de forma periódica y accesible el listado de empresas que arrojan desechos. La contaminación del río Santiago es tan grave que oficialmente el gobierno de México reconoció la muerte de 941 personas por enfermedad renal solo en tres municipios que colindan con el cuerpo de agua (consultar NTR del 26 de octubre de 2022), sin contar otros lugares afectados y otras enfermedades derivadas de la exposición a tóxicos que corren por el río.

“Sin información actualizada no se puede realizar un diagnóstico preciso sobre las condiciones sanitarias y ambientales de la cuenca y sus causas y, sin ello, cualquier esfuerzo gubernamental de remediación está destinado al fracaso”, advirtieron en un pronunciamiento los colectivos e investigadores que forman parte del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia para la regeneración ecohidrológica y la reapropiación comunitaria de la Cuenca Alta del Río Grande de Santiago.

La tibia intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no fue suficiente para que la Conagua abriera los expedientes, por lo que pobladores tuvieron que recurrir a un amparo federal. Y aunque ya se emitió una sentencia que obliga a la Conagua a responder de inmediato a los pobladores, la dependencia federal sigue sin acatar la justicia y oculta información de interés público.

Ante las omisiones de la Conagua en la regulación y vigilancia, las únicas acciones gubernamentales visibles en torno al saneamiento del río Santiago son encabezadas por el gobierno de Jalisco, que por mucho que presuma inversiones millonarias, son insuficientes, pues solo tienen posibilidad de incidir en aguas residuales domésticas. Es decir, el drenaje que arrojamos los habitantes al caño, sin atender los tóxicos industriales que son el principal riesgo para la salud de la población y la destrucción de los ecosistemas.

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