Contraloría, el punto débil del Poder Judicial

México Evalúa realizó una investigación sobre la independencia judicial en las 32 entidades federativas y notó que en Jalisco el área de contraloría es un punto débil.

La organización revisó la independencia tanto al exterior como al interior de cada institución judicial, es decir, analizó que tan independiente es cada Judicial respecto al Ejecutivo y Legislativo, pero también cómo la mantiene hacia dentro. En este último punto es donde entra la contraloría.

De acuerdo con México Evalúa, dicha área no tendría que depender del Poder Judicial, sino ser autónoma para poder investigar con total libertad y no caer en conflictos en caso de tener que investigar a sus superiores, si se diera el caso.

“Cabe señalar que la importancia de contar con una contralora independiente radica en que tenga libertad de actuación y de criterio (porque realiza procedimientos cuasi judiciales) para investigar y sancionar actos de corrupción al interior del Poder Judicial”, describe la organización.

Que la persona contralora sea designada en un proceso interno del Poder Judicial también resta a su independencia. Lo ideal, añade México Evalúa, es que exista un proceso interno, pero en Jalisco eso no ocurre.

“Analizamos, en la norma y en documentos oficiales, si la persona titular de la contraloría u órgano de control del Poder Judicial es designada de manera externa al mismo, es decir, que su designación no dependa de quienes finalmente serían sus superiores jerárquicos, para que pueda gozar de independencia en el ejercicio de su labor. Lo que encontramos fue que, en la normatividad, en ningún caso se prevé que la designación se realice de manera externa y en la revisión documental, el panorama no es muy distinto”.

Lo que sí reconoció México Evalúa es que en Jalisco, al igual que en 27 entidades más, se cuenta con una política anticorrupción al interior del Poder Judicial, lo que es un avance.

En cuanto a la independencia externa, el estudio evidenció que en Jalisco, al igual que en la mayoría de los estados, se incumplió en 2023 el parámetro de otorgar un presupuesto fijo al Poder Judicial; sin embargo, este año los diputados aprobaron una reforma para atender esa debilidad y adoptaron el mínimo recomendado: el 2 por ciento del presupuesto total.

jl/I