Despedida

El lunes 29 de enero publiqué El Rumor de la Discordia bajo el título “Adiós al rastro”, donde hablé de las afectaciones ambientales y sociales que generan los rastros de Zapopan y Tonalá, especialmente porque colonias y fraccionamientos rodearon los espacios de sacrificio de animales debido a un crecimiento desordenado de la ciudad.

Hacia el final del texto expliqué que el Ayuntamiento de Tonalá aprobó cerrar el rastro y analiza una propuesta de asociación público-privada con la empresa Valor en Alimentos Kárnicos para la operación de las eventuales nuevas instalaciones.

Revisé el Registro Público del Comercio para saber quiénes están detrás de la empresa con la que se busca asociar el municipio y, como escribí en esa ocasión, aparecen como accionistas, en el acta constitutiva de 2012, tres hermanos del alcalde morenista de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos. Es el único documento registrado por la empresa.

Luego de la publicación, personal de comunicación del gobierno municipal me hizo llegar un documento del 16 de mayo de 2013 donde consta que Francisco Javier, Lorena Guadalupe y Moisés Alejandro Chávez Dávalos vendieron sus acciones de la empresa a Luis Ricardo Islas Villegas, apoderado de Valor en Alimentos Kárnicos y secretario de la Asociación de Introductores de Carne Seleccionadas Tonaltecas.

El movimiento fue documentado por el corredor público 23 del estado, Sergio Ramírez Fernández, y no fue presentado ante el Registro Público del Comercio para sus efectos ante terceros.

Es decir, el alcalde Sergio Chávez presentó personalmente ante el pleno del ayuntamiento, el 25 de enero, la propuesta enviada por la empresa que fundaron sus hermanos, y de la que ya no son parte hace 10 años, para que la comisión edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos estudie y dictamine una posible asociación para la operación de una nueva sede del rastro municipal.

Hecha la aclaración, reitero lo que escribí en la anterior columna: más allá de las inversiones, negocios e intereses detrás del nuevo rastro de Tonalá, el cierre del viejo rastro es una buena noticia para el medio ambiente y la sociedad tonalteca.

Y esperemos que también se atienda en Zapopan la molestia que el rastro ubicado en San Isidro genera en vecinos y especialmente para estudiantes de la preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara que deben aprender entre olores desagradables y los gritos de animales al momento de ser sacrificados.

Creo que conflictos socioambientales como los que generan estos dos rastros no se pueden atender solo por la vía jurídica. Los rastros son previos a los fraccionamientos, centros comerciales y escuelas que los terminaron rodeando. La atención de rastros es una obligación constitucional de los municipios y su reubicación implica gastos millonarios de recursos públicos.

La determinación de los usos de suelo y la planeación territorial también es papel municipal y fueron los propios ayuntamientos de Zapopan y Tonalá los que permitieron que la ciudad y sus habitantes rodearan los rastros. Pero el problema ya está ahí y deben buscarse soluciones creativas y participativas frente a la contaminación de cauces y las afectaciones a la salud de la población.

Con ese pensamiento cierro este ciclo de El Rumor de la Discordia. Es la última colaboración que escribo en estas páginas, decisión motivada por cuestiones personales y retos profesionales como la Maestría en Urbanismo y Territorio que recién arranqué para profundizar justo sobre el crecimiento de las ciudades y sus impactos socioambientales.

Agradezco con cariño la generosidad de todo el equipo de NTR Guadalajara y de su crítico público lector. Que nos leamos pronto.

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