Quieren dar escoltas a más ex funcionarios

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local propuso una reforma al artículo 3 de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios que tiene como objetivo proporcionar protección al jefe de Gabinete estatal y al fiscal anticorrupción tras acabar sus encargos.

El actual fiscal anticorrupción es Gerardo de la Cruz Tovar, mientras que Hugo Luna Vázquez se desempeñó como jefe de gabinete en este sexenio, aunque recientemente asumió el cargo de diputado plurinominal de MC sin que el gobierno estatal haya informado oficialmente del movimiento. Por ahora no se sabe si pidió licencia al cargo o si renunció a él.

La propuesta, que ingresó el pasado 26 de septiembre, también busca que la custodia se amplíe y sume todos los años que los funcionarios duraron en la función pública. La iniciativa deberá ser dictaminada por la Comisión de Seguridad y posteriormente turnada al pleno del Congreso para su aprobación.

Actualmente, la asignación del personal permanente para la protección de funcionarios –que deberán contar con protección continua– incluye al gobernador, secretario general de Gobierno, fiscal estatal, coordinador general estratégico de Seguridad, secretario de Seguridad, fiscal regional, encargado del área de Reinserción Social, secretario de Transporte y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) o quienes realicen sus funciones.

Por ahora la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece que el otorgamiento de protección se determina para tres clasificaciones de sujetos protegidos: funcionarios, ex funcionarios y sujetos preponderantes, pero en los cambios se propone incluir a las personas “titulares de las Fiscalías Especializadas y Especiales y al jefe de Gabinete Estatal”.

En cuanto a los ex funcionarios, la propuesta recuerda que “la ley señala que las medidas de seguridad permanecerán aún después de concluido el cargo hasta por un plazo similar a aquel en que haya desempeñado el mismo, (pero) también (estará) sujeta la prestación de servicio a un tabulador que disminuye el nivel de protección otorgado”.

Lo anterior, añade la propuesta, es una contradicción, por lo que se considera pertinente suprimir la distinción establecida en la ley para efecto de que los ex funcionarios cuenten con el servicio de protección “en los mismos términos en los que los venían recibiendo con el nivel máximo de protección que hubieran recibido y hasta por un plazo equivalente a la suma de los encargos desempeñados y una vez concluido, sea el dictamen técnico el que determine el nivel del riesgo y protección que en su caso se asigne al ex funcionario”.

Este medio buscó al equipo de la coordinadora de los emecistas, Marcela Padilla de Anda, para saber por qué se incluye al jefe de Gabinete en la reforma si su puesto no se vincula con tareas de seguridad, pero no se obtuvo respuesta. El gobierno de Jalisco describe a este cargo como “el encargado de gestionar estratégicamente las prioridades de gobierno definidas por el gobernador ante el resto de las dependencias y organismos que componen el Poder Ejecutivo. Además de coordinar el apoyo técnico y monitorear los avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la administración”.

“SERÍA UNA DOBLE JUBILACIÓN”

Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), opinó que las labores que realizó el jefe de gabinete y el fiscal anticorrupción no se vinculan directamente con tareas de seguridad.

“Si realmente existe una amenaza o un peligro inminente, debería de tratarse como se aplica la seguridad a cualquier ciudadano, pero si se hubiera dado por alguna razón de su labor, quizá podría considerarse, pero por todos los años que ha venido acumulando sería una doble jubilación”, consideró.

De acuerdo con el académico, el gasto en la protección será enorme en cuanto gasolina, vehículos blindados, escoltas y policías que deberían realizar acciones preventivas o de investigación. “En lugar de que estén realizando la investigación los vamos a tener de ‘guardaespaldas’. Ni el puesto lo amerita ni las acciones que han realizado. Si hubiera un combate a la criminalidad quizá se justificara el que se le brindara seguridad”.

Respecto a la erogación de recursos que puede implicar la protección a ex funcionarios, la ley actual indica en el artículo 3, numeral 8, que “los gastos de operación y mantenimiento de los vehículos, así como los viáticos de los elementos asignados, correrán por cuenta del ex funcionario a quien se brinde el servicio”; sin embargo, en la nueva propuesta se precisa que sólo los viáticos serán pagados por los ex servidores, es decir, lo relacionado a los automotores sería asumido por el estado en caso de aprobarse.

Por último, Ortega Montes puntualizó que sería importante tener la certeza que el uso de elementos como escoltas no afecta a otras áreas. “Debería de, por lo menos, decirse de qué oficinas se están proporcionando los escoltas y el número real de gasto en seguridad de ex funcionarios. Al final de cuentas es una acción donde los recursos se destinan a cuestiones que no corresponden”.

UNA AYUDA ANTE LOS PAGOS

Actualmente, la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios precisa que, en el caso de los ex funcionarios, “los gastos de operación y mantenimiento de los vehículos, así como los viáticos de los elementos asignados, correrán por cuenta del ex funcionario a quien se brinde el servicio”; no obstante, en la propuesta emecista se indica que sólo los viáticos serán pagados por los ex servidores, es decir, lo relacionado a los autos sería asumido por el estado en caso de aprobarse.