Ven crisis constitucional por suspensiones ignoradas por el Ejecutivo y el Legislativo

La postura de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ignorar las suspensiones legales giradas por jueces contra la reforma judicial genera una crisis constitucional, afirmó Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Mencionó que es una situación delicada para la democracia en México.

“Hay un abierto desprecio a la ley, es decir, estos actores políticos no creen que la ley sea una limitante, lo cual de por sí es muy grave, no solo para nosotros los abogados, sino para toda la ciudadanía y para lo que todavía denominamos un estado constitucional de derecho. Desde luego que es muy grave y si persiste esta situación, qué nos espera en un futuro con la reforma y con jueces que serán francamente sumisos al partido en el poder”.

El especialista explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó iniciar un trámite, a solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), para analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, aunque ve difícil que se revierta la situación.

“Yo creo que hay temas y actos determinados que sí se deben de revisar y que finalmente está en una etapa de implementación de la reforma judicial que está por verse cómo se podría implementar. La realidad es que yo lo veo muy complejo y requeriría una mayor meditación sobre cómo llevar a cabo esa implementación de la reforma”.

Olea Peláez afirmó que otra instancia ante la cual se podría luchar contra la reforma judicial sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría emitir medidas cautelares al respecto que el Estado mexicano estaría obligado a cumplir. 

Solicitud de la Jufed, un mero trámite

La solicitud de la Jufed para analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, abre la puerta para que la Corte analice el caso, explicó el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes.

El también profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México detalló que simplemente se trata de un trámite para evaluar si se estudia o no la presunta inconstitucionalidad de la reforma.

“Esto lo que implica es que ahora el asunto se le va a turnar a otro ministro o ministra, y esta persona sí tendrá que hacer el análisis sobre si es posible, o no, estudiar la validez de una reforma constitucional, a través de estas consultas que están contempladas en la ley; en su caso, si se pasa esta primera aduana, si hay problemas o no con la reforma y cuáles son sus efectos”.

Respecto a las declaraciones de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, sobre que estas acciones implicarían “un golpe” de la Corte, el especialista reiteró que solamente se trata de analizar la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma, no una decisión tomada.      

JB