Autoridades no buscaron a 35 personas; CEDHJ emite recomendación

Por omisiones en la búsqueda de 35 personas desaparecidas que derivaron en que seis fueran halladas sin vida y el resto sigan ausentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación.

Se trata de la 35/24 que concentra la desaparición de 35 personas y múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades hacia las víctimas directas e indirectas al no seguir los protocolos y, por tanto, no buscarlas.

“Para esta Comisión la desaparición de estas personas y el actuar deficiente de las autoridades involucradas en su búsqueda, constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos por parte de (las autoridades) que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que tienen la obligación de garantizarlos”.

Las desapariciones fueron cometidas entre 2015 y 2023 e incluyen a una mujer y 34 hombres. Ante esto, el organismo emitió recomendaciones dirigidas a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) y la Comisión de Víctimas.

Entre estas incluye que se integre a las víctimas indirectas al padrón de víctimas para un acompañamiento y reparación del daño, que se investigue el actuar del personal omiso, se generen las acciones de búsqueda y haya capacitación sobre los protocolos con el fin de garantizar la no repetición, entre otras acciones.

Además, también emitió la recomendación 36/24 dirigida hacia el gobierno municipal de Juanacatlán por tortura cometida por policías municipales hacia cuatro personas.

La CEDHJ describió que durante la madrugada del 7 de agosto de 2023, las cuatro personas se encontraban a bordo de una camioneta conducida por uno de ellos, cuando tuvieron un percance vial con un elemento de la policía que iba en motocicleta. Posteriormente, fueron interceptados por policías municipales quienes los obligaron a descender del vehículo con lujo de violencia y uso excesivo de la fuerza, comprobándose actos de tortura con partes médicos, testimonios recabados y dictámenes psicológicos contenidos en la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado. 

Los tuvieron incomunicados en los separos municipales y se les hizo firmar un acuerdo de conciliación en el que se les obligó a pagar los daños de la motocicleta como pérdida total, cuando no hay elementos para comprobar esto. Además, el dinero no fue depositado de forma inmediata a las arcas municipales.

jl