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Ignacio Ismael Lozano Gaytán desapareció el 23 de septiembre de 2017 en el municipio de Ayotlán, pero apenas el 30 de noviembre, a las 8:15 de la mañana, su cédula oficial fue publicada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej).
La autoridad tardó más de siete años en difundir la cédula oficial, pero su caso no es el único. El retraso en la emisión de las cédulas se ha generalizado, concluyó el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Víctor Manuel González Romero.
El también ex rector de la casa de estudios analizó los datos de las fichas de búsqueda que ha difundido la Cobupej en su página de Facebook, medio oficial que utiliza para este fin, y encontró que en este año hay un retraso de 70 días, en promedio, en la emisión de una cédula de una persona desaparecida en comparación con la fecha de la ausencia, es decir, de casi dos meses y medio, pero existen casos como el de Lozano Gaytán en los que el atraso es de años.
Otro ejemplo se evidenció el 29 de noviembre a las 3:36 de la tarde, cuando la Cobupej difundió la cédula oficial de Raúl Secundino García partida, hombre de 36 años de edad desaparecido desde el 7 de noviembre de 2018 en Tecolotlán. Su caso tardó poco más de seis años en difundirse de forma oficial por la dependencia.
Ambos ejemplos son de hombres, sector de la población en donde la problemática está más acentuada. En las mujeres desaparecidas el retraso entre la fecha de ausencia y emisión de cédula es de 41 días en promedio, pero en hombres es de 77, precisó.
Antonio Zamora Marrón es otro caso similar. Su cédula fue difundida por la Cobupej apenas el 27 de noviembre, pero su ausencia data del 21 de septiembre de 2017. Desapareció en La Barca.
Precisamente González Romero detectó que fuera de la ciudad, donde no hay oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas, se intensifica la problemática.
Mientras que en la ciudad el promedio de retraso alcanza los 47 días, en municipios más allá de la metrópoli es de 104 días, lo que refleja una “desatención a desapariciones fuera del Área Metropolitana de Guadalajara”, indicó.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) hizo un análisis sobre el proyecto de presupuesto de egresos 2025 y detectó que hay necesidades del sistema de búsqueda que no son atendidas, por lo que ayer emitió diversas recomendaciones.
La organización entregó este martes el documento con el análisis y las sugerencias correspondientes en el Congreso de Jalisco. Uno de los puntos centrales es la generación de un parlamento abierto para incluir a las familias y colectivos en la toma de decisiones respecto al recurso que se le asignará a las dependencias de dicha agenda.
Una de las necesidades más urgentes que el Cepad ve desatendida en el proyecto presupuestal es que no contempla un proceso de basificación para el personal que labora en las instituciones de búsqueda de personas, lo que genera falta de certeza laboral y puede afectar las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas.
La organización dijo además que los 734.23 mdp destinados al eje transversal de personas desaparecidas representa un aumento de apenas 2 por ciento con respecto al año actual, lo que es conservador al considerar la magnitud de la crisis que vive Jalisco.
Además, en la distribución del presupuesto a las distintas dependencias se nota una estabilidad y una ausencia del factor inflacionario.
"Los recursos asignados no se ajustan a la realidad económica del próximo año, lo que limita la capacidad de las autoridades para cumplir de manera efectiva con sus obligaciones en materia de derechos humanos.", describió. Lauro Rodríguez
jl/I