Vorágine de reformas constitucionales

El jueves pasado, el Congreso de la Unión aprobó la décimo cuarta reforma constitucional en tres meses. Se trata de la reforma llamada “simplificación administrativa”, con la que desaparecen organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Las funciones de estos organismos pasan, con la reforma, a dependencias del Ejecutivo federal. Es pertinente entonces que nos hagamos la pregunta de qué efectos tendrá la desaparición de estos organismos para todos los ciudadanos.

Con la desaparición del Inai, como el Itei, perderemos un medio crucial para conocer qué hacen, con qué, cuándo y por qué los gobernantes con nuestros recursos.

Perdemos instituciones que garantizan nuestros derechos de manera independiente al poder público, al ser asumidas sus funciones por dependencias del gobierno; éste se convierte en juez y parte cuando tenga que dirimir nuestros derechos.

De septiembre a la fecha, es decir, en 90 días, diputados y senadores han hecho en promedio una reforma a la constitución cada semana. Nunca en la historia de México se habían realizado tantas reformas en un tiempo tan corto. Estos cambios de naturaleza constitucional y de tal trascendencia son equiparables a los congresos constituyentes, como el de 1857 y de 1917.

Las reformas que se han hecho hasta la fecha son, principalmente, las que propuso el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de ese año.

Considero que no todos los cambios son negativos, sobre todo si ponderamos aquellos que amplían nuestros derechos.

Sin embargo, los diversos cambios llevan a centralizar y concentrar el poder en el Ejecutivo y el Legislativo, además de que anulan los márgenes de soberanía de las entidades federativas.

Sobre el proceso de cómo se han hecho estas reformas, se puede reflexionar que han sido tantas y con demasiada prontitud, que no se han hecho con la suficiente y necesaria discusión pública.

Las entidades federativas, a través de sus Congresos locales, no han hecho valer su soberanía. Las han aprobado sin discusión y con una rapidez ofensiva. Por ejemplo, la reforma que desaparece los organismos autónomos fue aprobada por el Congreso de Tabasco ¡cuatro horas después de que el Senado de la República la aprobó! La aprobaron a medianoche, y algunos otros estados de madrugada o en las primeras horas del día siguiente en que el Senado la aprobó, como Oaxaca, Ciudad de México, Zacatecas, Sonora y Nayarit.

No olvidemos que toda reforma a la Constitución de México debe ser aprobada por al menos 17 Congresos locales, pues somos una república federal.

Sin embargo, por las implicaciones, efectos y trascendencia de estas reformas, no se conoce ni se expusieron públicamente los costos y consecuencias que tendrán en nuestra vida y en el ejercicio de nuestros derechos.

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