Las reformas al artículo 19

La Cámara de Diputados se prepara para aprobar una reforma que endurece el artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva. ¿Qué implica esto? Con base a lo señalado por Juan Ortiz, joven especialista que sigue las actividades del Poder Legislativo, puntualiza:

Las modificaciones obligarán a los jueces a ordenar prisión preventiva automática a personas acusadas de un extenso catálogo de delitos.

Esta medida busca que ciertos acusados permanezcan en la cárcel mientras enfrentan su proceso, sin posibilidad de salir bajo otras medidas cautelares.

¿Qué cambia? La reforma plantea que, si alguien es acusado de delitos específicos, el juez deberá dictar prisión preventiva oficiosa, sin importar otros factores. Esto elimina la posibilidad de los jueces para analizar cada caso y decidir si la prisión es la única medida adecuada.

Los delitos que ahora ameritarían prisión automática, además de los ya conocidos, la reforma añade nuevos delitos que se consideran graves. Entre ellos destacan extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos.

Se incluye en la reforma una advertencia para los jueces: deben apegarse a la literalidad de la ley, sin interpretaciones extensivas o análogas. En otras palabras, los jueces no podrán aplicar esta normativa de manera flexible o ajustada a las circunstancias de cada caso.

Esto implica que la prisión preventiva automática, también conocida como prisión “sin juicio”, obliga a que personas acusadas de estos delitos sean encarceladas automáticamente mientras esperan su juicio. La justificación que enarbolan es el reducir la impunidad en delitos graves, pero lamentablemente prevalece el riesgo de abuso y detenciones prolongadas sin una condena, ha generado controversia.

Este tipo de medidas ha sido criticado por organismos nacionales e internacionales por su impacto en los derechos humanos.

Estas reformas se dan en el contexto del proceso electoral con el triunfo de Trump, pues se incrementará la presión para el combate al narcotráfico, en particular la producción y flujo de fentanilo desde México a Estados Unidos.

Trump ha advertido que, si no hay acciones eficaces del gobierno de México en este tema, impondrá y aumentará gradualmente aranceles a las exportaciones de México a la Unión Americana.

Reforzará las barreras y muros para detener el flujo de migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos con México, y comenzará con la deportación de personas indocumentadas. Esto, para México, puede provocar una crisis en las ciudades fronterizas mexicanas con Estados Unidos, como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, pues las personas deportadas quedarían en esos puntos.

Paralelamente, como sucedió en la primera administración de Trump, y que coincidió con los primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se exigirá a México la “detención” de flujos migratorios en la frontera sur de México con Guatemala, por donde ingresan personas provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, incluso de países del Caribe. Se prevé una crisis humanitaria con las personas deportadas.

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