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La Piedra
La carta está echada
La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que acatar lo que determine la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reforma al Poder Judicial, destacó el ministro Javier Laynez Potisek.
Apenas el martes 12 de noviembre, la CIDH convocó a una audiencia, donde se expresó una profunda preocupación por la reforma judicial, la cual establece elecciones populares para elegir a jueces. La organización dijo que “monitoreará” la implementación de la reforma para vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial.
En entrevista con Azucena Uresti, el ministro Javier Laynez explicó que si la CIDH se pronuncia en contra de la reforma al Poder Judicial, el Gobierno mexicano tendría que acatar.
“Sí, es vinculatoria. Lo dice la constitución”, apuntó. Al ser cuestionado sobre qué pasa si el gobierno no acata la resolución de esta Comisión internacional, Laynez dijo que esto sería grave.
“Sería sumamente grave, es vinculatorio para todos los países. Todos los países han recibido condenas de la Corte Interamericana, nosotros mismos, y las hemos cumplido”, dijo el ministro Laynez.
La revisión en la CIDH es el paso previo a que el caso sea atendido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ministro explicó que las sentencias de la CIDH son vinculatorias porque la Constitución mexicana sí forma parte del Sistema Interamericano y que, con ello, las sentencias de la comisión son vinculatorias.
Juana Fuentes, directora de la JUFED, apuntó en la entrevista con Uresti que la Constitución no solo es el texto de la Carta Magna, sino también todos aquellos tratados internacionales y convenios a los que México está suscrito.
Apenas el martes por la mañana, Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa que le sorprendió “la rapidez” con la que la CIDH atiende el caso de las quejas por la reforma judicial.
“No hay ninguna violación a ningún derecho humano. México es un país libre, soberano, independiente y el Pueblo de México decide de acuerdo a la Constitución cuáles son las reformas constitucionales (…) ¿Cómo es que en semanas ya está listo para poder hacer estas audiencias? La verdad, cuánto interés en la reforma al Poder Judicial”, apuntó.
Sheinbaum también destacó que la reforma ya es constitucional. “Cualquiera que crea que hay otros mecanismos para parar la reforma judicial, pues está muy equivocado”.
El martes 12 de noviembre, la CIDH apuntó que estará pendiente de cómo es aplicada la reforma judicial y las elecciones judiciales.
“Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”, advirtió durante la audiencia Andrea Pochak, relatora del organismo para México.
La audiencia se celebró en Washington tras la queja interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y trabajadores en contra de la reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el respaldo de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.
El Gobierno de México sostiene que los ciudadanos deben poder elegir a los jueces y defiende la constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del partido oficialista, Morena, en ambas cámaras del Congreso mexicano.
Pero los trabajadores del Poder Judicial denuncian la intromisión del Ejecutivo en la Justicia, pues el oficialismo impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces que se llevarán a cabo en 2025.
“La Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, expresó Pochak tras escuchar las versiones tanto de los demandantes como del Gobierno.
La relatora señaló que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar “principios básicos” como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes.
Advirtió además que reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial” debido a las elecciones de jueces.
Pochak dijo que la CIDH seguirá “monitoreando” la implementación de la reforma, a la vez que se comprometió a mantener un “diálogo permanente con el Estado” porque México siempre ha sido “muy respetuoso” con el sistema interamericano de derechos humanos.
GR