El origen de los órganos autónomos

En México, los órganos constitucionales autónomos (OCA) aparecieron en la década de los años 90 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El primero fue el Banco de México, en 1993, y su conversión a órgano autónomo se debió a la tendencia mundial fomentada por organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y empresas trasnacionales, para que los gobiernos dieran autonomía a sus bancos centrales, para garantizar seguridad a las inversiones extranjeras.

La creación del IFE se debió a la crisis de legitimidad que el gobierno de Salinas de Gortari padeció debido a “la caída del sistema” que se había producido en las elecciones de 1988, lo cual se percibió ante la opinión pública, a nivel nacional, como fraude electoral.

Así, el Instituto Federal Electoral (IFE) apareció por primera vez en 1990 como un órgano especializado en materia electoral, pero sin autonomía constitucional. En 1996, el IFE, ya con Ernesto Zedillo, pasó a ser un órgano constitucional autónomo a través de la reforma al artículo 41 de la Carta Magna.

La CNDH se creó por decreto presidencial de Salinas de Gortari, el 5 de junio de 1990, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Fue hasta 1999 cuando la CNDH adquirió naturaleza de OCA con la reforma al artículo 102 para, principalmente, otorgarle independencia política de los Poderes de la Unión.

Después de la transición de las elecciones de 2000, los gobiernos panistas le dieron autonomía y rango de OCA, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El argumento fue sencillo: La información estadística y geográfica no debía tener otro carácter más allá del técnico, por lo cual debía estar libre de influencias de grupos de interés, ya sean políticos o económicos. Así, los ciudadanos podrían ejercer su derecho a mantenerse informados.

En 2012, Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México, un acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD, con el objetivo de elevar la productividad para impulsar el crecimiento económico, fortalecer los derechos de los ciudadanos y afianzar el régimen democrático. Este pacto dio nacimiento a 11 reformas estructurales y que se pasara de cuatro a 10 OCA, dado que se precisaba de órganos especializados y técnicos libres de interferencias externas que dieran garantía del cumplimiento de la restructuración que se proponía el pacto.

Los nuevos OCA fueron los siguientes: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Debido a que se buscaba que la FGR actuase con total independencia de algún poder político, así a la Fiscalía General de la República se le otorgó autonomía con la reforma al artículo 102 constitucional de 2016, por Peña Nieto. En la actualidad se prevé la eliminación de la mayoría de los órganos constitucionales autónomos, y la modificación del INE en el INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas.

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