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La herencia de nunca acabar
Decidido
El gobernador Pablo Lemus Navarro informó ayer que dio instrucciones al titular de la Fiscalía del Estado (FE), Salvador González de los Santos, para que actualice “de inmediato” los datos de Jalisco en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (Rnpdno).
La administración estatal dejó de enviar información al Rnpdno desde finales de marzo de 2022, cuando Enrique Alfaro Ramírez era gobernador, con la justificación de que la plataforma les impedía actualizar el estatus de varias personas que ya habían sido localizadas, entre otras fallas técnicas. Esto lo reconoció la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) a NTR, primero, vía transparencia y después en una ficha informativa a través de su área de Comunicación Social.
En su momento la autoridad estatal informó que trabajaba con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para resolver el tema; sin embargo, también apuntó que no notaba avances desde el ente federal, por lo que mantendría esa política por tiempo indefinido.
En seguimiento al tema, este lunes el mandatario estatal dijo que ya ordenó al fiscal resolver ese problema y actualizar la plataforma nacional.
“Yo le pedí al fiscal que lo hiciéramos ya de inmediato, eso (Rnpdno) tiene que estar alimentado con los datos de Jalisco”, dijo.
NTR consultó el Rnpdno este lunes a las 14 y encontró que oficialmente la plataforma contabiliza a 30 personas desaparecidas y tres localizadas en lo que va de la actual administración, es decir, desde el 6 de diciembre de 2024, mientras que el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) documentó, tan solo en enero, 245 casos.
Adicionalmente, el gobernador Pablo Lemus dijo que los datos locales sobre la problemática de las desapariciones muestran una reducción de casi 50 por ciento en la cantidad de denuncias por desaparición en lo que va de su sexenio.
“Tenemos una disminución en las carpetas que se han levantado en materia de desaparición de más de 48 por ciento. El fenómeno de desaparición en Jalisco está teniendo un decrecimiento muy importante, 48 por ciento en los dos primeros meses”, añadió el mandatario, quien atribuyó la reducción a los operativos de seguridad en los Altos y en las centrales camioneras.
Ante la orden del Ejecutivo estatal, la FE informó a NTR que actualizar el Rnpdno no le toca, sino a la Cobupej. La dependencia basó su argumento en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco; sin embargo, ésta sólo establece los lineamientos para actualizar los datos del REPD, no el registro nacional.
“La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, (sólo) mantiene actualizadas sus bases de datos de personas localizadas y desaparecidas en la entidad (Redp), al igual que las estadísticas de los sitios de inhumaciones clandestinas. Esta información se comparte con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la cual tiene a su cargo el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, de acuerdo con las atribuciones establecidas en el artículo 30, fracción II de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco”, mencionó la Fiscalía en una ficha informativa entregada a NTR.
No obstante, la ley general en la materia especifica que los estados deberán actualizar el Rnpdno conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual precisa que las autoridades ministeriales tienen la responsabilidad de “alimentar el Rnpdno” como parte de sus obligaciones de búsqueda individualizada.
Así, NTR cuestionó entonces qué pasará con la instrucción del gobernador, pero la FE insistió en que tendrá que ser la Cobupej la que fije una ruta para enviar los datos al Rnpdno.
El Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) criticó la continuidad de las políticas del manejo estadístico de la crisis de desaparición en el estado de Jalisco.
A través de un pronunciamiento, lamentó que desde el gobierno de Jalisco se haya decidido continuar con cinco prácticas heredadas del sexenio pasado y que sólo sirvieron para permitir un aumento acelerado de las ausencias.
La primera práctica criticada es la persistencia de un subregistro de casos. Si bien el comité reconoció que hay una reducción en la incidencia, desconfió de la cifra, ya que mes con mes se ingresan casos de larga data en alto porcentaje. Sólo en enero de 2025 el 32 por ciento de nuevos registros correspondió a años anteriores, lo que muestra la continuidad del subregistro.
En segundo lugar se señaló que continúa la práctica de abusar de la confidencialidad de los casos. De los 15 mil 368 reportados de forma oficial en el REPD, sólo 4 mil 500 tienen una cédula oficial, por lo que el comité recalcó que es poco probable que casi 11 mil familias decidieran que no se difundiera su caso.
Al igual que se tiene un alto porcentaje de confidencialidad, también se subutiliza la Alerta Ámber y el Protocolo Alba, pues los casos difundidos mediante ambas modalidades son mínimos.
El comité también criticó que exista una mínima difusión de los casos, pues sólo se da a través de la red social Facebook, así como la continuidad de la política de no dar información del contexto de las desapariciones ni informar sobre patrones.
El comité consideró que no solo basta con eliminar las prácticas, sino que las autoridades deben, incluso, sancionarlas si continúan. Lauro Rodríguez
jl/I