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Para que den detalles de las actuaciones de la autoridad estatal en el caso Teuchitlán, 34 diputados y diputadas de Jalisco aprobaron por unanimidad citar a comparecer al titular de la Fiscalía del Estado (FE), Salvador González de los Santos; al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), Juan Pablo Hernández González, y al coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, así como a la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), Edna Montoya Vázquez.
La fracción de Hagamos informó que la comparecencia será a las 11 horas del miércoles 19 de marzo en el Congreso de Jalisco y contará con la presencia de legisladores, funcionarios y medios de comunicación. Aunque la invitación no será al público general, se acordó que se transmita en tiempo real en el Canal Parlamento.
La propuesta surgió del grupo parlamentario de Hagamos y del diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias, cuyos acuerdos legislativos se fusionaron y posteriormente recibieron el apoyo de todas y todos los diputados presentes.
El diputado Enrique Velázquez González explicó que la idea es tener un diálogo constructivo para armar un plan a través de los especialistas en seguridad.
“Nadie debería estar desaparecido en este país, debemos empezar. Claro que hay temor, pero en lugar de buscar a desaparecidos hay que empezar a detener a los ‘desaparecedores’. Acabar con esas personas que privan de su libertad a muchos ciudadanos, la mayoría jóvenes, pobres. Esta comparecencia debe servir para construir ese plan de seguridad que nos debe traer la paz”.
Por su parte, Puerto Covarrubias comentó que el Congreso debe ejercer su soberanía ante el Poder Ejecutivo, ya que desde 2008 ha ignorado denuncias que indican que en Jalisco existían centros de adiestramiento y reclutamiento del crimen organizado que luego se convirtieron en centros de exterminio.
“Puede ser (que) por omisión, por insensibilidad, pero también puede ser por corrupción y colusión, pero hay que reconocerlo sin miedo. Tenemos que dar el paso al frente porque no pueden seguir siendo las familias solas quienes estén picando en la tierra para ver si encuentran a los miles de desaparecidos”, subrayó.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado Bastidas, concordó en que este caso debe ser investigado hasta las últimas consecuencias: “No debe haber impunidad ni cálculos políticos, Jalisco debe saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables. Se debe llegar hasta el fondo y deslindar responsabilidades de autoridades locales, estatales y federales”.
Las y los diputados también avalaron con 34 votos a favor una iniciativa de acuerdo legislativo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Pablo Lemus Navarro, para que su gobierno actúe con debida diligencia en el caso Teuchitlán y realice investigaciones exhaustivas y con inteligencia gubernamental.
En el exhorto también le piden identificar si en el estado existen más campos de exterminio “y tortura del siglo 21 que operaban desde la administración del ex gobernador Enrique Alfaro”, según el documento. Además, se le solicita que haga públicas las acciones y procedimientos que se inicien en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) y ante la Contraloría del Estado para determinar la responsabilidad en la administración pasada.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció en la mañanera del pueblo de ayer que su gobierno tiene poca información al respecto y que la mayoría le ha llegado por colectivos y no por el gobierno de Jalisco.
“Necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró. Lo que hay es información de los grupos buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal, pero es importante, primero que nada, primero hacer la investigación, antes de plantear conclusiones”.
Mencionó que al día de hoy la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto carpetas específicas, pues primero necesita recabar toda la información posible sobre lo ya hallado y documentado. A partir de entonces hará una investigación paralela respecto a los grupos criminales involucrados, pero también por el actuar de las autoridades locales, a las que les cargó toda la responsabilidad pese a que el hallazgo en septiembre de 2024 fue hecho por la Guardia Nacional. Lauro Rodríguez
jl/I