Quinto Patio

El Estado sí sabía, nada más cierto que eso en materia de reclutamiento forzado, y no sólo el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Casos de personas reclutadas por el crimen organizado y llevados a centros de adiestramiento hay en Jalisco al menos desde 2011. ¿Qué hicieron las autoridades? Muy poco, para prevenir nada; para atender, desmantelaron al menos ocho centros de adiestramiento en Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Tala, Teuchitlán y Cañadas de Obregón.

Si desde 2011 y luego en 2017 y después en 2024 y 2025 encontraron estos sitios, ¿por qué nunca hicieron nada? Esa es la respuesta que todos queremos que expliquen las autoridades, incluidos los ex gobernadores o ex fiscales. De plano eran muy incompetentes y les quedó demasiado grande la carga, o no eran más que cómplices. El mandatario Pablo Lemus tiene un desafío por delante. Porque habrá que exigir respuestas a sus antecesores. El aquí no pasó nada, no funcionará. Hay mucho de por medio.

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Luego de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, pareciera que las corporaciones empiezan a despabilarse y, ahora sí, presionadas seguramente por los alcances que ha tenido el caso, detienen a presuntos responsables. A nivel federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este fin de semana que resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas “desde hace meses”, fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio, alias Lastra, líder de célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el cártel de las cuatro letras. Total, que García Harfuch hoy presentará más información.

Además de reclutador, llama la atención que el detenido fue reportado ¡como desaparecido!, y tenía cédula de desaparición desde agosto de 2020 de la Fiscalía de Chiapas. Agreguemos que la Fiscalía General de la República informó que aprehendió en Colima a una persona vinculada al campo de adiestramiento del Rancho Izaguirre. Y la Fiscalía de Jalisco puso a buen recaudo a un ex policía de Tala, también ligado al caso Teuchitlán por presunta desaparición forzada. Van tres recientes. Lo que debe aclarar el gobierno federal es la versión de que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, supuestamente estaría relacionada con el reclutamiento, aunque ella llama a no caer en rumores. ¡Vaya que el caso tiene varias caras por mostrar!

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¿Recuerdan cuando hace años la Arquidiócesis de Guadalajara promovió que las familias con personas desaparecidas dieran a conocer los nombres en los templos? No prosperó la iniciativa. El cardenal Francisco Robles Ortega explicó ayer que el objetivo fue que colocaran en las parroquias, en el ingreso o dentro, una lista de las personas que le faltaban a la comunidad, “para visualizarlos, para no acostumbrarnos a que nomás desaparecieran, y también para pedir mucho por ellos y por su respectiva familia”.

La intención era positiva. Sin embargo, los feligreses tuvieron miedo de represalias del crimen organizado. “Entonces, preferían decirle al párroco, pero que nada más pidiera por él (desaparecido), que no lo mencionara y que no se hiciera esa lista”. Uf. Y del caso Teuchitlán señaló que las autoridades no están preocupadas por llegar al fondo del asunto ni resolverlo, e inmediatamente muestran su interés político. Así mero.

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