Quinto Patio

Todo apunta a que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría construyendo, como sucedió con el caso Ayotzinapa, una “verdad histórica” sobre lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, como denuncian colectivos de madres buscadoras. Mientras Alejandro Gertz Manero aseguró que los peritajes indican que no hay evidencias de que existieran crematorios en ese rancho, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rechaza esa versión y puntualiza que sí se hallaron restos óseos con huellas de calcinamiento.

El punto central de confrontación es si el Rancho Izaguirre fue solo un centro de entrenamiento y operaciones de un cártel, como asegura la FGR, o si se trató también de un lugar de exterminio, como han reiterado las madres buscadoras. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha, señalan. “Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el fiscal”. Indica el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco: “Hace unos días nos mataron a una mamá del colectivo. Hoy, el fiscal general quiere matar la verdad. No permitamos que eso suceda”.

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El 21 de marzo de 2018 la cúpula política y de seguridad de Jalisco fue reconvenida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en la entidad. Ese día, la defensoría emitió la recomendación general 3/2018. La dirigió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a los diputados de la 61 Legislatura local y de la 63 Legislatura federal, y al presidente del Poder Judicial del Estado.

También la dirigió al fiscal general del Estado, el encargado de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas, el director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el secretario técnico para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y a los 125 presidentes municipales. La cúpula, pues, fue objeto de una serie de recomendaciones. Como buena parte no fueron cumplidas, la historia continuó.

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El 10 de septiembre de 2020 la CEDH inició de forma oficiosa expedientes de queja contra las autoridades omisas en el cumplimiento de la Recomendación General 3/2018, como fue el caso de los gobiernos municipales de Jalisco. Ante eso, la defensoría emitió la recomendación 104/2021, en la que señala que los 125 municipios del estado reportaban por lo menos una desaparición entre el 15 de marzo de 1964 y el 22 de febrero de 2021, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Uno de los gobiernos municipales omisos en cumplir la recomendación de 2018 fue Teuchitlán. En el lapso referido había ya 13 personas desaparecidas en el municipio, como indica la recomendación de 2021. No menciona el Rancho Izaguirre, como aseguró el fiscal Alejandro Gertz Manero. Sí recomienda diversas acciones concretas a la autoridad teuchitlense, como lo hizo con el resto de ayuntamientos. Queda claro que no cumplir las recomendaciones por desapariciones exhibe, mínimo, la ineficiencia y/o complacencia de autoridades omisas, sean políticas o de seguridad. Moraleja: cumplan las recomendaciones de la CEDH.

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