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En sólo seis meses cinco activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Jalisco y apenas van dos detenciones por uno de los casos, lo que representa una de las épocas más violentas de los tiempos recientes.
La organización Global Witness catalogó en 2024 a Jalisco, junto con Colima y Michoacán, como la zona más peligrosa para la defensa de derechos humanos en el país, panorama que en 2025 se ha recrudecido.
El recuento de homicidios inicia el 3 de noviembre de 2024, cuando Alejandro Gobel Gómez, quien se oponía a la verificación vehicular y era defensor del medio ambiente, fue asesinado en la zona de El Álamo, en Tlaquepaque, tras acudir a vender una motocicleta.
Ya este año, el 30 de marzo, Juan Pablo Diego Alonzo Estrada, activista por la paz de Teocaltiche, fue asesinado a balazos en su vivienda. A fines de abril el gobernador Pablo Lemus Navarro se refirió a este caso y afirmó que el hombre “fue asesinado por los delitos que había cometido anteriormente”.
Después, el 2 de abril, se confirmó la muerte de Teresa Murillo Murillo, buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza y lideresa de comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara. La mujer fue atacada el 27 de marzo en su domicilio, en la colonia San Marcos, en Guadalajara, y quedó en estado crítico.
La siguiente muerte también fue de una buscadora: María del Carmen Morales, quien fue asesinada junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales en el fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga. La semana pasada, Lemus Navarro confirmó que dos varones fueron detenidos por su presunta relación con el caso y ayer la Fiscalía del Estado (FE) informó que ambos fueron vinculados por feminicidio y homicidio calificado.
El último crimen es el de Karina Ruiz Ocampo, quien luchaba por un correcto suministro de agua y otros servicios para La Cima, fraccionamiento de El Arenal donde vivía. Tras ser privada de la libertad el 13 de abril por sujetos armados, su cuerpo fue encontrado el sábado en el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Tepic, en Amatitán.
El nivel de riesgo en Jalisco para la defensa de derechos humanos también está enmarcado en las estadísticas de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de México.
En su último reporte disponible, con corte a marzo de 2025, el mecanismo ubicó a Jalisco como la cuarta entidad federativa a nivel nacional con más personas beneficiarias de la protección con un total de 143 entre defensoras de derechos humanos y periodistas.
Si se desagrega a los jaliscienses protegidos, Jalisco es además la tercera entidad con más personas defensoras de derechos humanos integradas en el mecanismo, pues 127 de las 143 registradas son defensoras.
En cuanto a personas periodistas, suma 16 casos, lo que ubica a la entidad en la posición 14 con más protecciones.
A nivel general, en México hay 2 mil 11 personas bajo protección del mecanismo, de las que mil 84 son hombres y 927 son mujeres. Esta tendencia es distinta en Jalisco, pues en el estado hay más mujeres (78) que hombres (65) integradas al esquema federal.
En cuanto a nuevas solicitudes del estado de Jalisco, en los primeros tres meses de 2025 no hubo ninguna y en todo 2024 sumaron seis, lo que convirtió a la entidad, junto con Michoacán, en la de más registros.
jl/I