Imponen multas por sólo 1.7 mdp ante desastre

Hace seis años, el 2 de junio de 2019, una avalancha de lodo y madera bajó por el río Salsipuedes, en San Gabriel, y provocó que decenas de personas perdieran su patrimonio, al menos cinco muertes y una desaparición. Por el desastre el gobierno de Jalisco interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que sí confirmó cambios de uso de suelo ilegal, pero el castigo se quedó en multas económicas que sumaron apenas 1.7 mdp.

Vía transparencia, NTR tuvo acceso a una versión pública de la denuncia interpuesta el 10 de julio de 2019 por parte de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en conjunto con la Coordinación Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), todas del estado de Jalisco.

En el documento se señala que los peritajes realizados, mismos que entregaron testados a este medio, indican que la causa principal del desastre ocurrido hace seis años en San Gabriel fue la deforestación para cambios de uso de suelo de manera ilegal.

“Según consideraciones técnicas e investigaciones, entre otras, deriva de los cambios de uso de suelo forestal, dado que los procesos de degradación y deforestación determinan afectaciones que producen situaciones de riesgo para la vida y salud de las personas, como lo fue en el caso la tala indiscriminada e ilegal de árboles en la zona con uso de suelo forestal que ocasionaron que llegara a la cabecera municipal una avalancha de agua, lodo, troncos y restos forestales”, describe el documento.

Entre las pruebas, el gobierno de Jalisco presentó peritajes propios, investigaciones y revisiones del Fideicomiso para la Administración Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fiprodefo) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

Con esos documentos se pidió a la Profepa investigar lo ocurrido en San Gabriel, pero extender las acciones de revisión y, en su caso, castigo por cambios ilegales, a los municipios de Amacueca, Atoyac, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Quitupan, Sayula, Tamazula, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande, municipios donde, junto con el ubicado en el Llano en Llamas, detectaron al menos mil 573.80 hectáreas con cambio de uso de suelo forestal a agricultura intensiva.

ACCIONES DE PROFEPA

Tras la denuncia, el gobierno de Jalisco se desatendió. Vía transparencia reconoció que toda información sobre qué pasó después tendría que responderla la Profepa, pues ellos no contaban con informes.

Por su parte, la Profepa respondió también vía transparencia que sí realizó diversas acciones en respuesta a la denuncia. En total hizo 14 inspecciones que derivaron en clausuras, pero apenas siete en multas económicas.

Además, pese a que se pidió investigar un total de mil 573.80 hectáreas en 13 municipios, las acciones realizadas por la Profepa se limitaron a únicamente 316.64 hectáreas en el municipio de San Gabriel, ignorando los 12 restantes y al menos mil 257.16 hectáreas incluidas en la denuncia.

Al final, el castigo por el desastre natural que provocó que decenas de personas se quedaran sin pertenencias, cinco murieran y una siga desaparecida fue de un millón 700 mil 848.50 pesos distribuidos en siete multas.

La multa más elevada, por 675 mil 920 pesos, fue para un predio de 1.36 hectáreas al que además se le impuso una clausura. Le siguió una por 506 mil 940 pesos por deforestar 2.17 hectáreas. El resto de multas osciló entre 21 mil y hasta 287 mil pesos. El predio más grande, de 165.26 hectáreas, sólo fue clausurado, sin recibir multa alguna.

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