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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
El consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, reconoció que las elecciones judiciales del 1 de junio enfrentaron serias dificultades desde su organización, debido a una ley aprobada de forma apresurada, con contradicciones y vacíos legales.
Además, por restricciones presupuestarias, se instalaron menos de la mitad de las casillas necesarias para atender a los millones de electores.
El consejero destacó el papel clave del Servicio Profesional Electoral y la estructura colegiada del INE para asegurar la toma de decisiones técnicas.
Sin embargo, reportó prácticas fraudulentas en varias casillas, sobre todo en Chiapas, donde se documentó falsificación de boletas, acarreo y suplantación de votantes en cientos de casillas.
A nivel nacional, el INE identificó la distribución masiva de llamados “acordeones” o guías ilegales de voto que indicaban cómo marcar las boletas, producidos por actores anónimos con gran capacidad logística y financiera. Se comprobó que en un 90 por ciento coincidían los candidatos electos con las instrucciones de estos materiales, lo que afectó gravemente la legitimidad del proceso.
El INE detectó irregularidades graves en 818 casillas, que no fueron consideradas en los cómputos oficiales.
Aunque el instituto remitió la evidencia a la Fiscalía Electoral, el consejero electoral criticó la inacción de las autoridades para investigar a los responsables, como imprentas y financiadores.
Respecto a la complejidad de las boletas, el consejero aclaró que fue un diseño impuesto por la reforma judicial y no por el INE, lo que facilitó el uso de los acordeones.
Reconoció que la inducción al voto es causal de nulidad, pero la decisión final corresponde al Tribunal Electoral. “No puede ser que millones de materiales ilegales circulen sin consecuencias”, concluyó.
Rivera advirtió que estos hechos mancharon la elección y representan un retroceso para la democracia mexicana.
GR