Trata de personas evidencia crisis social y omisión de autoridades

En Tonalá, Jalisco, el rescate de 18 personas en un operativo contra la trata de personas evidencia la grave crisis social y la omisión de las autoridades, según Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Este problema está ligado a la pobreza, la migración y la falta de personal para combatirlo, lo que agrava la situación en el estado.

Fletes destacó la importancia de no normalizar la explotación, que a menudo implica amenazas a familiares o retención de documentos de las víctimas, especialmente en migrantes, personas de bajos recursos y extranjeros. Subrayó que la sociedad debe actuar con valor cívico, denunciando estos casos, incluso de forma anónima, para contrarrestar la omisión, que se ha vuelto recurrente en el país.

La trata de personas es difícil de identificar porque muchas actividades asociadas, como limpiar parabrisas, vender dulces o pedir limosna, no son ilícitas por sí mismas. Sin embargo, cuando estas se realizan bajo coerción, constituyen un delito que debe ser castigado, especialmente en casos de reclutamiento masivo.

Señaló que las lagunas legales facilitan la impunidad, ya que los tratantes aprovechan la falta de severidad en las leyes o buscan atenuantes para evadir la justicia. Por ello, urgió a que las leyes sean más estrictas y que jueces y ministerios públicos refuercen la tipificación de este delito.

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