Congreso de Jalisco aprueba nuevas contrataciones discrecionales y adelanta apoyo sindical

En su más reciente sesión, realizada el 25 de julio, la Comisión de Administración del Congreso del Estado de Jalisco aprobó nuevamente el crecimiento de su nómina, al autorizar la contratación de personal supernumerario para ocupar plazas vacantes por defunción, jubilación, renuncia o retiro voluntario.

El acuerdo interno C.A.P.L.-05-LXIV-24 instruye al secretario general, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, a realizar directamente los trámites para estas contrataciones, sin necesidad de regresar a la Comisión por autorización cada vez que se libere una plaza. La atribución le fue conferida por mayoría de votos de los representantes de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI, PVEM y PT. Solamente Tonatiuh Bravo, de Hagamos, votó en contra, mientras que Mariana Casillas, de Futuro, se abstuvo.

La medida, que permite contrataciones "a discreción" bajo la figura de supernumerarios, contempla que las plazas sean cubiertas únicamente dentro del término constitucional de la actual Legislatura (la LXIV) y siempre que estén presupuestadas. El personal será asignado a las áreas con mayor necesidad, bajo criterios de evaluación de competencias, según se detalla en el documento aprobado.

Este intento por incrementar la nómina no es nuevo: durante la legislatura anterior se propuso una medida similar, pero fue frenada por críticas públicas. Para avanzar ahora, fue clave el respaldo del sindicato, el cual, según fuentes internas, recibió por adelantado un apoyo económico por 1.7 millones de pesos, que usualmente se entrega en diciembre. El monto fue entregado únicamente a César Íñiguez González, representante de uno de los dos sindicatos del Congreso.

Cabe recordar que entre el 22 de noviembre de 2024 y el 28 de enero de 2025, la Comisión ya había autorizado la contratación de 37 empleados eventuales para cubrir vacantes por causas similares, bajo un esquema que también aumentó el personal sin pasar por convocatorias abiertas.

Bravo Padilla radicó en que la Comisión estaría transfiriendo atribuciones que legalmente le corresponden, sin mecanismos claros de supervisión o transparencia, mientras que Casillas optó por no tomar postura.

GR