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El noroña
Justificación
La desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) quedó consumada luego de que el Congreso local aprobara la reforma constitucional en la materia, tras obtener el respaldo de más de la mitad de los ayuntamientos de la entidad.
Rubén Alonso González, académico de la Univa y especialista en transparencia y el ámbito electoral, explicó que el 51% de los municipios avalaron la reforma, mientras que el resto no emitió voto. Subrayó que sorprende que, salvo Tonalá, ninguno de los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara participara en el proceso.
Tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, comenzará un plazo de 90 días para que el Congreso elabore las nuevas leyes de acceso a la información. Durante ese lapso, el Itei continuará en funciones y los ciudadanos podrán presentar recursos. Paralelamente, se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción hacia la Contraloría del Estado y la Secretaría de Administración, que heredarán bienes, expedientes y personal, quienes deberán ser liquidados o reubicados, así como los recursos pendientes que actualmente son alrededor de 3 mil.
Sin embargo, advirtió que el nuevo modelo fragmenta el derecho de acceso a la información, ya que en lugar de una sola autoridad garante habrá nueve, y posiblemente diez si se incluye a la Universidad de Guadalajara. “No se trata de buena voluntad, se requieren herramientas para facilitar el acceso. Con varias instancias, los ciudadanos deberán aprender a quién acudir, lo que complica su derecho”, señaló.
El académico recordó que a nivel federal la reforma se justificó como una medida para reducir gastos y burocracia del Inai, pero en Jalisco podría generar el efecto contrario: “Cada autoridad tendrá que contratar personal y recursos, lo que en la práctica multiplica costos”.
Las nuevas autoridades garantes serán el Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo, el Instituto Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de Arbitraje, la Contraloría y más, lo que abre debate sobre la eficacia real del modelo para garantizar la transparencia.
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