La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa de reforma que busca, en esencia, ajustar los engranajes de un mecanismo de participación ciudadana tan inédito como polémico: la elección del Poder Judicial.

Este movimiento debe leerse bajo una dinámica de corrección paulatina de varias ocurrencias legadas por su antecesor. Recordemos que la elección popular de juzgadores fue una ‘puntada’ de López Obrador en una mañanera y que terminó convirtiéndose en una ‘papa caliente’ para su sucesora, quien no tiene más remedio que enfriarla y darle cauce institucional.

En diversos espacios editoriales he reiterado que las urnas no son la panacea para resolver las patologías estructurales del sistema de justicia mexicano. Sin embargo, dado que la decisión es hoy una realidad constitucional y que el camino parece no tener retorno, resulta imperativo corregir algunos de los entuertos. Y qué bueno que la presidenta y su equipo así lo están comprendiendo y, al menos de forma implícita, reconociendo.

En el 2025 padecimos una boleta inmanejable que imposibilitó el conteo ágil en las casillas, el presupuesto para el INE fue escaso y se vivió una desorientación ciudadana respecto a los perfiles.  En su momento señalé también que deberíamos transitar hacia el voto electrónico, que permita conteos rápidos en la misma casilla (algo que no ocurrió en el primer ejercicio y dejó un amargo sabor de boca).  

También apuntamos la necesidad de que la sociedad civil se involucre de manera permanente en procesos de pedagogía política, respecto a la importancia del Poder Judicial, y crear la conciencia para participar y estudiar los perfiles de las candidaturas para estos procesos.

Algunas de las propuestas presentadas el 18 de mayo por el equipo jurídico de la presidenta Sheinbaum para reformar la constitución en esta materia, atienden a parte de las críticas que varios actores y especialistas apuntaron en 2025:  reducir el número de candidaturas en la boleta, crear una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación (tanto en los tres poderes como en los estados) y otorgar un margen de maniobra para la organización del ejercicio, aplazándola a 2028. Todo ello, me parece razonable.

Sin embargo, a pesar de los necesarios remiendos, una cosa es la elección y otra los problemas de fondo. Estos siguen intactos: el ‘tortuguismo’ judicial, la opacidad y la corrupción y la falta de independencia de sus integrantes (sobre todo en tribunales estatales).

Y otra observación: sigue pendiente otra gran reforma que ilumine los oscuros sótanos de la procuración de justicia. Las fiscalías y los ministerios públicos con deficiencias en la integración de carpetas de investigación (que han permitido la liberación de culpables), la inacción de sus agentes o, de plano, la corrupción rampante que sigue presente en algunos malos funcionarios.

Corregir es de sabios, pero persisten áreas de oportunidad. El ajuste de 2026 es un paso pragmático, necesario y valioso hacia la operatividad del proceso electoral, pero el Estado de derecho sigue en deuda mientras no se reformen las instituciones. La pura elección no garantiza que la justicia deje de ser privilegio de pocos.

*Analista político y profesor de la UdeG

X: @julio_rios

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