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Quinto PatioQUINTO PATIO
Espinoza Licón
Una vez que fue declarada la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) en Jalisco, el siguiente paso será el trabajo con los ocho ayuntamientos que fueron incluidos en el mecanismo para definir las tareas que deberán llevar a cabo. También vendrán las reuniones con el Congreso del Estado para las reformas que serán necesarias.
Para la presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Erika Loyo Beristáin, aunque la maquinaria ya se echó a andar y “cada quien sabe lo que le toca hacer”, tras la declaratoria de la alerta el procedimiento se centrará en la socialización, primordialmente con las autoridades de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta, el Poder Legislativo y las dependencias involucradas.
En el entendido que podrá haber un aumento en las denuncias como resultado de la información que se difundirá, las siguientes dos semanas serán clave dentro del proceso, ya que en ese lapso cada municipio debe determinar quiénes serán los responsables de atender la alerta para definir la estrategia, la ruta crítica y el cronograma junto con el IJM.
“Esta semana y la que sigue estaremos acercándonos para socializar una estrategia conjunta, saber en qué podemos colaborar nosotros, qué podemos empatar para que se cumpla la estrategia y qué les corresponde a ellos (municipios) de acuerdo a su normatividad. Hay cosas en las que el Instituto Jalisciense de las Mujeres ya tiene determinadas ciertas cantidades de proyectos y presupuestos que van a impactar en los ocho municipios y en las cuales nosotros vamos a abonar”.
Una vez establecido el esquema de trabajo, el IJM acompañará durante todo el procedimiento a los ayuntamientos para dar puntual seguimiento a los indicadores, por lo que además se determinó realizar cada 15 días evaluaciones que permitan detectar si las acciones están dando resultados o se deben hacer modificaciones.
“No sólo hay que tener indicadores, sino también seguimiento. Hay todo un trabajo que se está comenzando a hacer para una batería de seguimiento de los casos, algunos de estos indicadores se están probando en el Centro de Justicia, donde hay entre 50 y 70 mujeres en proceso de seguimiento bajo estos indicadores, y la idea es subirlos a Mide (Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco), que es la plataforma, porque ciertamente no tenemos una estrategia de seguimiento o es deficiente en muchos de los casos”.
Para estas acciones, aunque hay una bolsa estatal de 25 millones de pesos, se buscarán apoyos federales a fin de que los municipios concreten las recomendaciones del informe de la AVM, pues además de las luminarias y patrullaje, deberán abrir espacios de atención para las mujeres, entre otras cosas, señaló la funcionaria.
“Así como hicimos nosotros, que rascamos para que haya un conjunto de actividades que pudiesen tener destinada una cantidad. Hubiésemos querido que el informe se terminara antes de la aprobación del presupuesto para que hubiera una etiqueta, pero con estos 25 millones podemos esperar que el siguiente presupuesto con perspectiva de género haya un incremento en esa bolsa y a lo mejor también fortalecer a los municipios en ese tema”.
Respecto a la aplicación del Protocolo Alba y la Unidad de Reacción y Búsqueda, explicó que se tiene contemplado que en un plazo de dos meses estén operando estos esquemas, ya que por el momento elementos de la Fiscalía General del Estado están en la etapa de capacitación e intercambio de estrategias con el gobierno de Chihuahua.
La Secretaría General de Gobierno debió enviar ayer la notificación a los ocho ayuntamientos en los que se declaró la AVM, junto con el informe, las conclusiones, propuestas y resultados, para que en un plazo máximo de 15 días se concreten las reuniones de trabajo.
El proceso más complicado de todo el mecanismo se llevará en el Congreso del Estado, al que se le urge a concretar las reformas al Código Penal y a los protocolos de investigación del feminicidio, así como la revisión y modificación de los protocolos de violación y desaparición de mujeres.
“Un trabajo que va a implicar armar mesas de análisis y debate muy fuertes, va a ser el trabajo legislativo sin duda alguna, porque hay que hacer una serie de reformas. Diría que es uno de los trabajos más difíciles por los propios tiempos del Legislativo”, apuntó Erika Loyo, presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Erika Loyo reconoció que el informe “queda a deber” en algunos aspectos legales, pues no incluye reformas al Código Penal, que castiga con penas más severas el robo de ganado que la violencia contra la mujer, así como otras disposiciones discriminatorias del Código Civil.
“Esa parte no se discutió dentro de las mesas a fondo, supongo que por el tiempo, porque estábamos más metidos en el tema de la georeferenciación. Seguramente es algo que queda a deber el informe, pero que pueden meter los propios académicos en el debate que tengan con el Legislativo. Se puede enriquecer mucho más el informe”.
Foco rojo
Al revisarse los datos de violencia contra las mujeres en el estado se encendieron los focos de alarma en un municipio: Ameca. Un número importante de casos de violencia sexual, detectados por la Secretaría de Salud y no por la Fiscalía General del Estado, obligaron a incluirlo en la Alerta de Violencia contra las Mujeres.
La falta de un banco de datos que permita que las dependencias crucen información derivó en el desconocimiento de la situación que se registra en esa localidad, la cual fue detectada durante los trabajos para el estudio de la activación de la alerta.
La presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Érika Loyo Beristáin, señaló que al cruzar información se dieron cuenta de que se trataba de un problema sistemático, lo que llevó a integrar a esa localidad.
"En Ameca hay un exceso de denuncias, un número considerable de denuncias en términos de violación, de agresión sexual. Eso prende foco rojo y empiezan a escarbar para saber si es constante y sistemático. Y los números indicaron eso, que el problema tiene una constante, y eso es lo que hace introducir a Ameca como un municipio al que hay que atender desde la perspectiva de la violencia sexual”.
La alerta entrará desde la parte del cuidado y protección del espacio público, y posiblemente incluirá una adecuación a los reglamentos propios del municipio y capacitación que baje a todos los centros escolares.
Esperan coordinación
La alerta de violencia contra las Mujeres emitida por el gobierno de Jalisco en ocho municipios debe servir para visibilizar el problema, pero también para establecer un trabajo de articulación institucional entre los municipios y la autoridad estatal, calificó la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque, Alicia Ocampo Jiménez.
“Es una medida importante debido a la cantidad de feminicidios que hemos tenido últimamente y que además visibiliza el problema de la violencia contra las mujeres de una manera más institucional; eso me parece que va a permitir la articulación institucional en el orden estatal y municipal, y al centrar toda la atención en el problema también va a ayudar a que se visibilicen los objetivos, estrategias y líneas de acción que deben de seguirse en ambos niveles de gobierno”.
El instituto es un organismo público descentralizado que tiene un presupuesto anual de 2 millones de pesos y funciona con 16 empleados, que se encargan de generar mecanismos de capacitación, de atención y prevención, pero que también asesoran y colaboran con la Unidad de Atención a la Violencia contra las Mujeres, que coordina la Comisaría de Seguridad Pública de Tlaquepaque.
En el municipio alfarero no se han registrado feminicidios desde el 2014, aseguró la funcionaria, quien añadió que ahora las mujeres denuncian más, se sienten mucho más protegidas y seguras a la hora de reportar una agresión.
Sin dinero ni indicadores
El Instituto Municipal de las Mujeres de Tonalá no tiene un sólo peso de presupuesto para el tema, y aunque la actual administración ya tiene cuatro meses en marcha, no tiene indicadores para detectar los focos rojos, los lugares donde hay mayor índice de violencia para poder erradicar las agresiones, reconoció la titular de este organismo, Martha Rosalía Gómez Ahumada.
La funcionaria expresó que el organismo no tiene un solo peso para ejercer, pero que reciben partidas financieras directamente del despacho de la presidencia, aunque tampoco sabe cuándo dinero han dedicado al organismo en sus primeros meses; lo que argumentó es que se espera que el organismo se convierta en un organismo público descentralizado en aproximadamente un mes para poder acceder a fondos y recursos federales.
“Yo estoy muy de acuerdo con la decisión que tomó el gobernador (Aristóteles Sandoval Díaz), ya que podremos avanzar y bajar el índice de violencia y feminicidios en el municipio; el instituto, por su parte, seguirá haciendo acciones pertinentes, yendo a comunidades en donde nosotros detectemos algunos focos rojos y poder actuar en tiempo y forma”.
Desde que inició la actual administración se han atendido 80 casos de agresiones a mujeres, pero en el instituto no existen indicadores sobre el contexto general y la dimensión del problema.
Dos patrullas; sirve una
Desde el gobierno anterior hay dos patrullas rosas para atender los casos de violencia contra las mujeres, pero las autoridades actuales desconocen qué resultados se lograron con la estrategia.
“Tenemos dos patrullas rosas que son dedicadas exclusivamente para violencia de género y son equipadas con un psicólogo y una persona experta en este tipo de situaciones”, expuso Marcela Lepe Quiroz, directora del Instituto de la Mujer en Puerto Vallarta.
Esas unidades atienden la violencia de género. Actualmente hay una funcionando y la semana que entra comienza a circular la segunda porque está descompuesta. Así podrían atender las denuncias en el 066 durante las 24 horas. Pero la titular del instituto desconoce los resultados de este plan.
“No tengo idea, vamos entrando esta administración, entramos en octubre y yo no sé cuándo empezó a funcionar; a mí me interesaba que funcionaran ya las dos patrullas, que estuvieran al 100 por ciento y sinceramente no sé cuando entraron”.
Agregó que sostienen charlas preventivas con éxito, pues antes no se lograban reunir ni 10 personas en las colonias, y en este momento logran convocar de 30 a 50 por charla; se hacen dos a la semana y también asisten hombres.
Presenta iniciativa
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado, Zapopan es el municipio de Jalisco que ocupa el primer lugar en denuncias por violencia sexual ejercida contra las mujeres, además de 80 feminicidios de 2012 a 2015.
Ante este escenario y en medio de la Alerta de Violencia contra las Mujeres que emitió el lunes el gobernador Aristóteles Sandoval, la regidora Tzitzi Santillán Hernández, del Ayuntamiento de Zapopan, planteó la necesidad de tomar medidas en lo local para detener y revertir esta tendencia de agresiones.
Dio a conocer una iniciativa para crear un cuerpo policiaco especializado en violencia de género para atender de manera oportuna y adecuada las denuncias y casos de agresión a mujeres.
También se contempla la creación de una red de información de violencia contra las mujeres de diferentes fuentes para tener una base de datos actualizada en este tema, con acceso libre para diferentes dependencias de gobierno y sociedad civil.
Asimismo, la regidora incluyó la determinación de polígonos clave para identificar las zonas con mayor incidencia de delitos de género y actuar de manera focalizada, entre otras medidas. La iniciativa será presentada en la próxima sesión.
Meta: cero asesinatos
Con la Alerta de Violencia contra las Mujeres, las expectativas para el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara son altas, pues la meta es que no haya feminicidios.
“El objetivo de la alerta es la disminución de la violencia contra las mujeres y la disminución de la violencia feminicida, específicamente, ésa es la expectativa, que dejen de ser asesinadas mujeres”, comentó María Elena García Trujillo, presidente del instituto.
De acuerdo con datos proporcionados por la fiscalía y que sirvieron para hacer la declaratoria, de 2012 a 2015 se presentaron en Jalisco 560 homicidios a mujeres, de los cuales 111 fueron tipificados como feminicidios. Guadalajara fue el que mayor incidencia tuvo, con 128 homicidios.
La funcionaria municipal reconoció que Guadalajara tiene un alto índice de violencia hacia las mujeres debido a la cantidad de habitantes que hay.
A un día de que se emitió, García Trujillo señaló que el instituto ya venía trabajando en varias acciones y ahora se reforzarán los modelos únicos de atención y las estrategias para prevenir la violencia desde temprana edad. Para ello, se trabaja en un taller para la construcción de masculinidades no violentas, ya que muchos niños, por ser varones, aprenden desde casa a agredir a la mujer, no sólo físicamente, sino también en el aspecto sicológico.
Las manos de 10 mujeres plasmadas con pintura en un mural del Centro de Justicia para las Mujeres son la conmemoración de su primer año de lucha contra la violencia de género.
Inició actividades el 5 de febrero de 2015 y hasta ayer se habían otorgado 78 mil 343 servicios divididos de atención psicológica, contención emocional, asesoría jurídica, dictámenes médicos periciales, atención médica general y atención del área lúdica para los niños.
Acudieron 5 mil 325 mujeres a recibir atención y se iniciaron 6 mil 35 averiguaciones previas que comprenden los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas, violación, abandono de familiares, abuso sexual, atentados al pudor, privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio calificado, según datos de la Fiscalía General del Estado.
Desde la creación del centro se emitieron 495 medidas de protección preventivas y 494 medidas emergentes, además de que han sido resguardadas mujeres, así como sus hijos, por lo que 186 personas han sido enviadas por el nivel de riesgo a distintos albergues.
2 mil 630 atenciones médicas
5 mil 201 asesorías jurídicas
13 mil 698 atenciones interdisciplinarias
4 mil 172 gestiones de trabajo social
Beatriz Segura Huerta vivió 25 años de violencia, hasta que decidió dejar a su agresor, su aún esposo.
Describió que los primeros 10 años de convivencia con ese hombre vivió una violencia velada que se manifestaba en privaciones económicas; después fue incrementándose con el impedimento de usar sus pertenencias y, al final de esos 25 años, llegó a la violencia física.
La intención de suicidarse hizo a Beatriz tocar fondo y pensar en pedir ayuda para salir de la situación de violencia que la atrapaba, por lo que se acercó al Centro de Justicia para las Mujeres en marzo; ahora tiene la intención de estudiar una Licenciatura en Organizaciones Solidarias a través de un convenio con el sistema virtual de la Universidad de Guadalajara y está buscando una beca.
“Algo que a mí me comentó un abogado fue: ‘Sí es cierto, su esposo tiene mucha culpa, pero más culpa tiene usted por haberlo permitido’, entonces yo me pregunté realmente qué permití”, reflexionó Beatriz.
De ella dependen un hijo menor de edad y una hija que estudia gastronomía, a quienes se llevó a vivir consigo después de meses de enfrentar un proceso de transformación para ofrecerles un hogar seguro, y en noviembre decidió que estaba lista para hacerse cargo de mantenerlos y atenderlos sin depender de su cónyuge.
Beatriz trabaja en una empresa dedicada a la distribución de salchichonería, empleo que consiguió mediante la ayuda de personal del centro y están por ascenderla para ser gerente de una tienda; dice que en su trabajo hay una persona que también ejerce violencia contra sus compañeros, pero gracias al apoyo que recibió, aprendió a enfrentar a una persona que se comporta así y establecer límites.
“Lo más difícil fue darme cuenta de que mi vida depende de mí, que mi vida no depende de otra persona, darme cuenta de que en mi vida mando yo; eso fue lo más difícil porque, no sé si generalizo, pero como buena usuaria de este lugar yo me tomé mi sobredosis, como todas que queríamos salir de esta situación, del pozo en el que estábamos”.
HJ/I