Quinto Patio

Para el abogado de los productores de los Altos, Alejandro López Aguayo, resulta curioso que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no haya informado al presidente Andrés Manuel López Obrador el gran conflicto legal que hay con la empresa Abengoa, la cual no sólo no construyó el acueducto que iría de la Presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, sino que además quiere que la indemnicen con 2 mil 378 millones de pesos. Esto, porque en la reunión que tuvieron con el mandatario estuvo la titular del organismo, Blanca Jiménez, y no dijo ni pío.

De hecho, destacó que la información en torno a la concesionaria del trasvase siempre ha sido un misterio y eso que consiguió una suspensión para que no le quiten la concesión; que al renunciar a la misma pidió que le paguen una millonada; que se quedó con los 120 millones de un crédito de Guanajuato y le pidió prestado 2 mil 300 millones a Banobras. Todo esto, además de los bonos de deuda que emitió y que nunca pagó, donde hay 600 millones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

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Y a propósito del Ipejal, dicen que en el consulado de España anduvieron muy movidos para gestionar que las actuales autoridades reciban a los empresarios de Abengoa para que lleguen a un arreglo sobre los bonos emitidos. Hasta hay un rumor de que hubo, por esas gestiones diplomáticas, un encuentro en el que la empresa planteó al Ipejal que le compre más bonos de deuda y en un futuro le devolvería el monto completo, algo así como un doble o nada. ¿Aceptarían las autoridades poner en riesgo ooootra vez recursos de los trabajadores?

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Que el titular de la fiscalía anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, se ponga a hacer su trabajo y dé resultados de la investigación sobre el programa A Toda Máquina pidieron denunciantes de la polémica licitación que el gobernador Enrique Alfaro presume como una estrella de lo que va de su gestión. La contralora Teresa Brito Serrano ha reportado avances considerables y del fiscal especializado ni sus luces, reprocharon este jueves, por separado, el activista Álvaro Quintero y la diputada de Morena Erika Pérez recordando que no hay pretextos, porque los dos llevan el mismo tiempo con el mismo caso. Claritititito el mensaje.

Pues bien, ya en más del tema anotemos que la propuesta de Morena y del PRI de que el Congreso del Estado pidiera a la Auditoría Superior de la Federación indague el programa A Toda Máquina, por todo lo que ha sido denunciando, fue detenida por los legisladores locales. ¿Interés de los diputados por la rendición clara de cuentas? ¡Ja!

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El 22 de julio, Rosa Alba Ramírez Nachis solicitó mediante oficio al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Hernán Cortés Berumen, reincorporarse como legisladora local desde el 1 de agosto. Luego de tres semanas, ayer el pleno del Congreso envió su petición a la Comisión de Gobernación, con lo cual la (todavía) legisladora naranja con licencia seguirá esperando a que le devuelvan la curul… un mes de éstos.

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El alcalde tapatío, Ismael del Toro, primero firmó la adenda para crear el OPD Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara; lo anunció y después buscó que los regidores aprobaran lo que hizo. Claro, le reprocharon ayer en la sesión los ediles de oposición. El OPD ha dado tumbos o, si se quiere suavemente, ajustes. Lo dijo con claridad el edil Eduardo Almaguer: “Que también allá (gobierno del estado) hagan su trabajo, que no hagan iniciativas mal hechas que tenemos que corregir aquí. Lo que tiene que venir de allá para acá, lo tenemos que corregir de aquí para allá. Y que se dejen ayudar. La soberbia en el ejercicio del poder no funciona”.

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da/i