Refundar al Legislativo

Ayer se presentó en las instalaciones del CUCEA un libro colectivo coordinado por el doctor Luis F. Aguilar, titulado La refundación de Jalisco, el cual es el fruto de una serie de discusiones llevadas a cabo a instancias del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara con el fin de aportar perspectivas que ayuden a dotar de contenido la propuesta a la que hace alusión el título, y que es la que guía la toma de decisiones de nuestro gobernador.

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de refundar algo? El término no es muy común, pero se relaciona con otro que ya está un poco en desuso. Hace algunos años, cuando un cajón se echaba a perder se decía que se había desfondado, es decir, había perdido su fondo, que es el que le permitía conservar su contenido. Un cajón desfondado, entonces era inservible, a menos que se le pudiera restaurar el fondo.

Así que, hablar de la refundación de Jalisco nos remite a una situación en la que nuestro estado ya no es capaz de contener aquello que nos resulta valioso, y por lo tanto hace falta dotarle de un nuevo fondo. Y el libro que comento ofrece diversas propuestas al respecto. A continuación, me permito presentar brevemente lo que aporté al respecto en lo que se refiere al Poder Legislativo.

Por principio de cuentas, el Legislativo necesita mejorar su coordinación con los Poderes Ejecutivo y Judicial, mediante una agenda de trabajo común, y esto pasa por la creación de una ley de designaciones públicas, basada en los principios de idoneidad, capacidad y, en su caso, independencia, que abarque todos los nombramientos que le corresponde realizar al Poder Legislativo.

Aunado a lo anterior, habría que institucionalizar un servicio profesional de carrera, enfocado al cuerpo técnico adscrito al Congreso de Jalisco, con base en el diseño del perfil académico/profesional de cada puesto, de modo tal que quienes los ocupen sólo puedan ser despedidos si reiteradamente incumplen con sus encomiendas laborales y no por voluntad de los legisladores.

Además, es necesario incorporar la perspectiva de derechos humanos al trabajo legislativo, incluyéndola en su función de contrapeso, para lo cual valdría la pena que abriera espacios de discusión pública, en formato de Parlamento Abierto, para que la comparecencia del titular del Ejecutivo o de los miembros de su gabinete se traduzca en adecuaciones al marco normativo o, en su caso, sanciones a funcionarios que no se hayan desempeñado adecuadamente.

Otro pendiente es el establecimiento de un mecanismo legal desvinculado del Congreso encargado de: prevenir y sancionar los posibles conflictos de interés; investigar y sancionar los posibles enriquecimientos ilícitos de los funcionarios, electos o designados; y prevenir y sancionar el tráfico de influencias, así como para la denuncia de los casos de aviadores y de nepotismo.

También hace falta crear mecanismos ágiles de consulta y opinión, ciudadana y técnica, respecto a las implicaciones de las iniciativas de ley presentadas, y establecer mecanismos expeditos para investigar, procesar y sancionar, en su caso, los casos de daños al erario, así como los subejercicios presupuestales, en especial los que se traducen en graves deficiencias en la prestación de apoyos o servicios a la ciudadanía.

Refundar la confianza ciudadana en las instituciones públicas requiere de ajustes, tanto en lo que se refiere a la normatividad, como a la manera en que las instituciones se relacionan con la población, tareas a las que el Poder Legislativo puede aportar significativamente.

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@albayardo

JJ/I