Militares y carreteras

En estos días el presidente de México informó que le acaba de encargar el mantenimiento de las carreteras del sureste de nuestro país a los ingenieros militares. Y su argumento es que los ingenieros militares terminan en tiempo y forma, y conforme al costo estimado, las obras que se les entregan, a diferencia de las empresas constructoras o los contratistas.

Sin embargo, esta situación me llama la atención porque es clara la intencionalidad del actual titular del Ejecutivo federal de reemplazar al servicio civil por el servicio militar en todas las áreas que sea posible.

Las reformas constitucionales que consiguió López Obrador permiten que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en las tareas de más de 20 dependencias de gobierno, correspondientes a seguridad, salud, investigación, educación, comunicaciones, energía e hidrocarburos, entre otras. En 2022 el CIDE dio cuenta de que se habían hecho cargo de 246 labores correspondientes a dependencias civiles (https://acortar.link/uQdON1).

Esta situación, que contradice abiertamente lo que López Obrador prometió en campaña, de que devolvería a los militares a sus cuarteles, es preocupante para cualquier persona que tenga cierto conocimiento de lo que pasó en las décadas de 1960 y 1970 en Centro y Sudamérica, cuando las dictaduras militares fueron la constante.

El presidente trata de justificar la militarización de la administración pública federal con el argumento de que los militares no son corruptos. Pero, como sabemos, ese argumento no se sostiene, porque la propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado desvíos millonarios de presupuesto del Ejército, en varios proyectos, como, por ejemplo, en la construcción del AIFA.

Considerando que es poco probable que el presidente no esté al tanto de esos casos, entonces la explicación de su apuesta por la militarización debe estar en otro lado, y me parece que la teoría de las organizaciones nos puede dar pistas, en particular lo que se conoce como el “dilema agente-principal”.

Ese dilema establece que, en toda organización compleja, quien manda, es decir el principal, no tiene modo de saber qué hacen en realidad quienes están a cargo de ejecutar sus órdenes o instrucciones, que son los agentes, quienes pueden decidir no acatar las indicaciones, si consideran que les perjudican de algún modo.

En el caso del presidente, es claro que él no puede saber qué están haciendo realmente sus subordinados, porque le informarán solo lo que consideren que no les perjudica. Para resolver esta situación, existen varias estrategias, que implican mayor control, aunque requieren que se implementen por parte de personas capacitadas para hacerlo. Pero si el presidente prefiere que el personal de su gabinete tenga 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de honestidad, no se puede optar por esa vía.

Por eso, en vez de establecer mecanismos de apertura de las contrataciones públicas, que minimicen la posibilidad de que haya fraudes en contra del gobierno en la reparación de carreteras, prefiere recurrir a las Fuerzas Armadas, asumiendo que sus integrantes son personas obedientes, que solo harán lo que les ordenen, y no le ocultarán información. Y lo mismo en otros casos.

Pero ¿qué pasa si hay integrantes de las Fuerzas Armadas que le ocultan información al presidente, y si quienes deciden que eso pase son parte de los altos mandos del Ejército? ¿Y si lo hacen cuidando sus propios intereses a costa de los de la población? ¿No estará López Obrador pavimentando el camino para una dictadura militar, queriendo o sin querer, a causa de su miedo a no tener el control?

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