Acceder a la justicia

Hace algunos años escuché a una persona pedir asesoría a un mecánico, porque en un descuido le había causado daño al motor de su automóvil, y quería saber qué podía hacer para repararlo y cuánto costaría. El mecánico le preguntó si pensaba seguir utilizando el auto, porque la reparación necesaria le iba a salir cara, a lo que el dueño le contestó que no, que solo quería que funcionara el tiempo suficiente para venderlo, sin que se notara que estaba dañado.

Ante esa respuesta, el mecánico le dijo lo que tenía que hacer, pero le advirtió que ese remedio solo duraría alrededor de tres meses, así que tenía que vender el auto antes de eso, porque después el motor quedaría aún más dañado, y la reparación sería aún más cara, a lo que el dueño contestó que lo tomaría en cuenta, y que ya le tocaría al siguiente dueño lidiar con eso.

Traigo esta anécdota a cuento porque después de leer la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador me quedé con la idea de que no se trata de una reforma de fondo, que apunte a asegurar que la mayor parte de la población tenga acceso a la justicia, sino que es algo que solo lucirá bien para quienes tienen la convicción de que el presidente siempre hace lo mejor para sus seguidores, pero que con el paso del tiempo, tal vez no mucho, demostrará que nos dejó en una situación peor que la actual. Ojalá me equivoque.

Estoy de acuerdo en que las instancias judiciales, tanto la federal como las estatales, requieren una reforma. Que los mecanismos actuales son demasiado lentos, y que además son tan complicados que solo se pueden utilizar si se cuenta con el apoyo de un(a) abogado(a), por lo que además resultan caros, y son inasequibles para muchas personas.

Pero por eso me llama la atención que se ponga el acento en querer cambiar a todas las personas juzgadoras, y designarlas mediante voto popular, cuando eso no tiene relación con la lentitud del sistema judicial, y además tendrá un costo de por lo menos ¡3 mil quinientos millones de pesos!

Si realmente se quisiera mejorar, se podría seguir el ejemplo de los juicios de tutela que implementó Colombia, que son una versión mejorada de nuestro juicio de amparo, que tienen la ventaja de que se llevan a cabo mediante trámites relativamente sencillos, para los que no se requiere de mucho conocimiento de leyes, y como sirven para proteger los derechos humanos de las personas, se deben resolver en un plazo no mayor a dos semanas, o se sanciona con cárcel al funcionario responsable de que no se resuelva a tiempo, sea juez o titular de alguna dependencia.

Ese es un ejemplo de lo que se podría hacer para mejorar el acceso a la justicia. Suena sencillo, pero no lo es, pero obligaría a trabajar mejor al Poder Ejecutivo. ¿Será que eso es lo que no se quiere?

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