Designaciones con alevosía

Si usted estuviera en un problema y le fueran a juzgar, ¿quién preferiría que lo hiciera? ¿Una persona amiga suya, que además le debe algunos favores, una imparcial y justa, o una que tiene problemas con usted? Lo más probable es que elegirá la primera opción, y hará todo lo posible por evitar la última.

Bueno, pues esto es lo que suelen hacer quienes nos gobiernan. Por diversos motivos, prefieren que el Poder Judicial se integre por una mayoría de personas en las que pueden confiar, y por eso su designación es un asunto muy importante, tan importante que consideran que es mejor que la población no se involucre.

Es comprensible esta situación, pero no es justificable, porque cuando se le da prioridad a la lealtad o complicidad en cargos como esos se deja de lado la capacidad, y eso pone a la población en una situación de vulnerabilidad, porque sus conflictos judiciales serán resueltos por personas que no garantizarán sus derechos.

Esto viene a cuento porque en la madrugada del pasado sábado 5 de octubre, en el Congreso de Jalisco designaron a varias personas para ocupar puestos vacantes en el Poder Judicial de Jalisco, mediante una maniobra muy tramposa, que, salvo un caso, ni siquiera habrían acreditado tener un desempeño extraordinario en el examen de conocimientos que previamente les había aplicado el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).

¿En qué consistió la trampa? Resulta que a falta de una ley de designaciones públicas, que regule bien el procedimiento a seguir, en el Congreso se suelen llevar estos trámites de una manera muy desaseada, y en este caso se presentaron varios amparos por parte de personas que consideran que es incorrecto el proceder de los diputados locales, y por eso vulneran sus derechos, y ha habido jueces federales que les han dado la razón, por lo que les han concedido amparos, y para evitar que haya daños irreparables, ordenaron al Congreso que no procedieran con los nombramientos, hasta que los propios jueces terminaran de revisar el caso.

Ante esto, los diputados de la Comisión de Justicia acordaron declarar desiertas las convocatorias detenidas por los amparos, “dejando a salvo” los derechos de quienes ya se habían postulado, y abrieron una convocatoria exprés, a la que integraron a las personas que querían que ocuparan los puestos, quienes, curiosamente, ya se encontraban en el Congreso pese a que pasaban de las dos de la mañana, así que el pleno los designó y les tomó protesta como funcionarios del Poder Judicial de Jalisco.

Lo grave de todo esto es que se pone en riesgo el Estado de derecho en Jalisco, primero, porque hay personas que, de manera ilegítima, y muy probablemente ilegal, ocupan un puesto público; segundo, porque no acreditaron tener los conocimientos necesarios para desempeñarlo; y tercero, porque los diputados que llevaron a cabo el nombramiento violaron un mandato judicial que les impedía hacerlo, solo para que nuestras autoridades se sientan a salvo ¿de qué? No sabemos, pero sí sabemos que no nos conviene esta situación.

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