Mal de muchos

El papel de los sistemas de justicia independientes en la protección de la gobernanza participativa ha sido atacado por actores políticos que buscan limitar o controlar los sistemas judiciales, incluso mediante ataques a personas juzgadoras en particular, pero sin analizar la lógica de sus resoluciones, por parte de líderes políticos, además de que se acusa sin pruebas a fiscales, jueces y abogados que actúan en contra de los intereses de esos actores políticos.

Si usted considera que lo expresado en el párrafo anterior es una crítica a la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador, y secundada por la virtual presidenta Sheinbaum, está en un error.

Lo anterior es un resumen de lo expresado por la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, en su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos.

En dicho documento la relatora presentó una clasificación de los esfuerzos que gobiernos de todo el mundo están llevando a cabo para controlar los sistemas judiciales, desde poner coto a los colegios de abogados y manipular las funciones administrativas, hasta capturar los tribunales y criminalizar o atacar a los operadores de justicia.

El informe también da cuenta del papel tan importante que desempeñan los profesionales del derecho que componen el sistema de justicia (jueces, fiscales y abogados, así como trabajadores de justicia comunitaria) en lo referente a preservar la democracia, todo esto en el contexto de un año, este 2024, en el que se llevarán a cabo elecciones en las que en conjunto votará casi la mitad de la población mundial.

“Los sistemas de justicia promueven y protegen un valor fundamental que sustenta la gobernanza participativa: el Estado de derecho”, dijo la relatora especial. “Este principio exige que todas las personas, incluso los agentes estatales, estén sujetos a las mismas leyes, que se aplican de manera justa y coherente”.

Esta última parte, que las leyes se apliquen a todas las personas de manera justa y coherente es lo que está en juego en la discusión de la propuesta de reforma judicial en nuestro país, algo que hasta el momento no se ha logrado, aunque cada vez hay más avances al respecto.

No está de más mencionar que una de las personas más ricas de nuestro país ha sido condenada a pagar miles de millones en impuestos que debía, algo impensable hace algunos años. Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, quienes forman parte de la élite política de nuestro país aún se mueven al margen de las leyes que se suponen que rigen para todas las personas.

Por otro lado, no deja de llamar la atención que el intento de quitarle independencia a los sistemas judiciales, para que sus resoluciones no se apeguen al derecho y la justicia, sino al interés del poderoso en turno, sea un fenómeno mundial. Hay quien pensará en nuestro caso y dirá, mal de muchos… pero ese es un consuelo de tontos. Creo que lo mejor es garantizar la independencia judicial, para bien de todos.

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