Tríada penal

En el acceso a la justicia, por lo menos en lo que se refiere al sistema penal, que es el que atiende delitos que se castigan con la cárcel, hay tres factores fundamentales: las personas juzgadoras, el personal de policía y las leyes. Ahora que se está discutiendo la reforma al Poder Judicial valdría la pena reflexionar sobre esta tríada. ¿Qué está fallando en cada caso?

Comencemos por las personas juzgadoras. Una buena parte de los esfuerzos del presidente y quienes lo respaldan se han centrado en acusarlas de liberar delincuentes. Esto ha sido así desde hace casi seis años, y de hecho es lo mismo que hicieron presidentes anteriores, pero tal vez no con la misma intensidad.

La campaña más o menos sistemática de culpabilización de las personas juzgadoras no tuvo, desafortunadamente, una contra campaña de parte del Poder Judicial que explicara por qué a veces es necesario liberar a personas acusadas de algún delito, especialmente después las reformas llevadas a cabo en 2011, que le dieron un gran peso a los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo.

Precisamente, como parte del derecho a un juicio justo, se reconoció que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que es obligación del personal policíaco, sea que se dedique a la vigilancia o a la investigación, aportar los elementos necesarios para suponer que alguien es culpable de un delito.

El problema es que nuestra “cultura penal”, por llamarla de algún modo, nos acostumbró a situaciones contradictorias. Por un lado, asumimos de manera ingenua que, si la policía detiene a alguien, es porque es culpable de algo, y que la obligación de la persona detenida es demostrar que no tiene la culpa del crimen del que se le acusa. Esa cultura, especialmente en un contexto en el que no hay reparación del daño, y por lo tanto la gente no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, facilita la fabricación de culpables, y al mismo tiempo le quita la responsabilidad y, por lo tanto, la necesidad de esforzarse por hacer un buen trabajo, al personal policíaco.

La consecuencia de eso es que, en muchos casos, los verdaderos culpables siguen libres e impunes, y pueden seguir cometiendo delitos, por lo que, desde el Poder Ejecutivo lo más sencillo es acusar al judicial de la liberación de los detenidos.

Y entramos aquí en la cuestión de las leyes. Si la ley establece sanciones para las personas juzgadoras que permitan que se procese a una persona sin que haya elementos para tener la certeza de que cometió un delito, ¿qué ocurre? Que se le deja en libertad.

Y si la ley no establece sanciones para castigar al policía cuyo “error” haya permitido la liberación de un presunto delincuente, ¿a quién cree que se puede sobornar para que haga mal su trabajo, y, por ejemplo, no anote bien la hora o lugar de la detención?

¿Piensa que eso se arreglará designando personas juzgadoras mediante voto popular?

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