¿Hacia una gobernanza criminal?

Mientras los partidos políticos se entretienen exponiendo sus trapitos al sol, como el reparto de cargos públicos a cambio del apoyo en alianzas electorales, o la asignación de candidaturas electorales a cambio de dinero y otros apoyos, circunstancias que dejan en evidencia algunos motivos por los que nuestras instituciones públicas no funcionan, otras situaciones, mucho más graves, aunque no desconectadas de las otras, resultan menos atendidas.

Lo ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México, en donde hubo un enfrentamiento entre una célula criminal y habitantes de Texcapilla, que dejó como saldo 14 muertos; la muerte de cinco personas debido al uso de drones que soltaron bombas en Buenavista de los Hurtado, Guerrero, como parte de un conflicto entre dos grupos criminales que disputan el control de la zona; y el reciente reparto de juguetes entre niños del municipio de Mazamitla por parte de integrantes de otra banda criminal, con motivo del Día de Reyes, nos brindan un panorama sumamente preocupante sobre lo que está ocurriendo en varias zonas rurales de nuestro país.

Esos eventos ejemplifican situaciones que se dan en el marco de las relaciones entre la delincuencia organizada y la sociedad civil, que la investigadora Carolina Sampó describe en su texto Una aproximación teórica, el concepto de gobernanza criminal en América Latina, el cual se puede consultar en https://acortar.link/31xtnm.

De acuerdo con el texto de Sampó, hay cinco formas en las que la delincuencia organizada se relaciona con la población y el Estado: Insurgentes, en las que hay una confrontación violenta con el Estado, pero existen prácticas de gobernanza colaborativa a nivel local. Bandidaje, cuando las organizaciones criminales actúan en forma abusiva sobre la comunidad, al tiempo que se confrontan con el Estado. Simbólicas, cuando vuelven cómplices a los agentes del Estado a través de corrupción y sobornos, y al mismo tiempo cooperan con su comunidad (¿el caso de Mazamitla?). Predatorias, cuando utilizan el respaldo del Estado para depredar a las comunidades locales a quienes exigen pagos, principalmente en forma de extorsiones (¿el caso de Texcaltitlán?). Y las divididas, cuando dos o más organizaciones criminales se disputan el poder dividen a las comunidades en microrregímenes paralelos, dañando la solidaridad intracomunitaria (¿Buenavista de los Hurtado?).

De entre los cinco tipos, las relaciones simbólicas parecen ser las que menos daño y más beneficio pueden traer a las comunidades, especialmente cuando se prolongan por largo tiempo, porque favorecen la construcción de una gobernanza criminal, en la que los agentes criminales garantizan cierto control, y hasta la provisión de ciertos servicios públicos, cuando el gobierno es incapaz de hacerlo.

De hecho, parecería que la estrategia de quienes nos gobiernan es dejar que los grupos se confronten entre sí, y que al final triunfe el más fuerte, y pacifique la zona, aunque eso implique renunciar a su deber y obligación, y a que, en cualquier circunstancia, la población quede expuesta a abusos y violaciones de sus derechos humanos más básicos.

En ese sentido, el próximo periodo electoral es una buena oportunidad para comenzar a discutir qué haremos para recuperar el control institucional del territorio, al margen de quién gane cada uno de los puestos de elección popular. No está de más recordar que los partidos políticos responden a la presión ciudadana, pero solo cuando existe y es insistente, consistente y persistente, y para eso necesitamos definir lo que requerimos para poder disfrutar de una paz digna y justa.

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